- Entre las medidas, está la calificación jurídica de “ausente por desaparición forzada” y el levantamiento parcial de la moratoria de secreto sobre los testimonios de la Comisión Valech.
Con el afán de promover el esclarecimiento de las violaciones a los DD.HH. cometidas en dictadura y así encontrar justicia para las víctimas, es que el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, presentó la agenda legislativa sobre derechos humanos, con la cual se buscará avanzar en verdad, justicia y reparación a 50 años del Golpe de Estado Cívico Militar ocurrido en 1973.
Lo anterior fue destacado por el Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de Coquimbo, Rubén García Tapia, quien señaló al respecto que, “nuestro desafío como país es generar un acervo cultural compartido del conjunto de la sociedad chilena respecto a los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, pues nunca son admisibles los golpes de Estado y que siempre debemos condenar las violaciones a los derechos humanos”.
Uno de los puntos fundamentales del plan es el levantamiento parcial de la moratoria de 50 años que rige sobre los testimonios otorgados a la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, más conocido como Comisión Valech, el cual permitirá hacer disponibles, bajo reserva, los antecedentes contenidos en ese informe para su análisis y sistematización como parte del Plan Nacional de Búsqueda.
En detalle, serán impulsadas cinco medidas, cuatro de ellas en la línea de “Reparación” y otra en el marco de “Memoria y Democracia”. Aparte de lo relacionado a la Comisión Valech, el Gobierno buscará crear una calificación jurídica especial de “Persona ausente por desaparición forzada” y crear un padrón, llevado por el Registro Civil e Identificación, con un certificado correlativo a él, que estará disponible para la Administración del Estado.
También se impulsará la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal. Esto, con el objetivo de cumplir con la obligación adquirida por el Estado de Chile en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Dentro de la agenda, también se encuentra la generación de una Política de Memoria y Patrimonio, con el objetivo de mejorar los mecanismos de financiamiento y mantención de los espacios de memoria, fortalecer la regulación de estos con una perspectiva de preservación de la memoria y educación en derechos humanos.
Por último, se buscará aportar a la transparencia y conocimiento de la comunidad de leyes y otros textos legales que fueron dictados por la Junta Militar y que hasta ahora se mantienen secretos o con acceso restringido. A través de un proyecto de ley que ya está en tramitación, se promoverá la eliminación del carácter secreto de esas normas.
“Es importante avanzar en esta materia, pues el aprendizaje de una historia dolorosa nos debe permitir sentar la base para el NUNCA MÁS que demanda la sociedad chilena y eso solo se logra con verdad y justicia”, sentenció García Tapia.
