Desde este jueves 15 de septiembre será obligatorio para todas las instituciones de educación superior contar con políticas integrales para abordar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, de acuerdo a lo exigido por la ley 21.369.
A partir de este jueves 15 de septiembre de 2022, la adopción de las políticas integrales en los términos señalados por esta ley serán obligatorias para las instituciones de educación superior, y serán consideradas para acceder u obtener la acreditación institucional otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). También formará parte de los procesos que acompaña el Consejo Nacional de Educación (CNED) como el licenciamiento de nuevas IES, la supervigilancia de los CFT Estatales, entre otros. Por otra parte, el incumplimiento general de esta ley puede ser sancionado por la Superintendencia de Educación Superior (SES).
El Ministerio de Educación, por medio de la Subsecretaría de Educación Superior, ha impulsado numerosas acciones para apoyar y acompañar a las instituciones de educación superior en el desafío que se inicia con la implementación de esta ley, contando con la valiosa colaboración de diversos organismos del Estado.
La subsecretaria Verónica Figueroa Huencho señaló que “En el marco del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES), creamos una Mesa Técnica, asumiendo además la coordinación intersectorial con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y con el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Innovación y Conocimiento, actores clave en lograr lo que supone un compromiso que se instala desde el 15 de septiembre, pero que también va a tener una permanencia en el tiempo”.
Dentro de las acciones coordinadas y lideradas por la Subsecretaría de Educación Superior se encuentra la elaboración de un documento orientador que busca acompañar los procesos de implementación de políticas integrales que abordan acoso sexual, violencia y discriminación de género en educación superior con aportes de las instituciones integrantes de la mesa, dirigido a las instituciones de educación superior.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Renato Bartet, valoró el trabajo realizado en la construcción de las orientaciones y de la mesa técnica, señalando que “estamos bastante comprometidos en la implementación de esta ley”.
Otras acciones que se encuentra impulsando la Subsecretaría de Educación Superior:
En términos de financiamiento, la Subsecretaría de Educación Superior ha incluido en el Concurso de Áreas Estratégicas 2022, tanto del Subsistema Universitario cómo Técnico Profesional, el área 4 sobre igualdad de género y no discriminación, que incluye acciones vinculadas al cumplimiento de la ley. Los proyectos presentados por las instituciones podrán durar entre 18 y 36 meses, con montos que van desde los 200 a 400 millones de pesos.
Además, como resultado de la colaboración y trabajo con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se ofrecerá durante los próximos meses un curso gratuito e-learning sobre los desafíos de la Ley 21.369 para el abordaje del acoso sexual, violencias y discriminación de género en la educación superior, a disposición de todas las instituciones de educación superior tanto técnico profesionales como universidades.
También en colaboración con el CNED se proyecta el desarrollo de actividades de acompañamiento y seminarios con las Instituciones de Educación Superior, especialmente los CFT Estatales e Instituciones Técnico Profesionales. Junto con ello, la Subsecretaría de Educación Superior participa en la mesa de género convocada por la CNA para operacionalizar los nuevos criterios y estándares de acreditación articulando dicho trabajo con la implementación de esta ley.
Para la Subsecretaría de Educación Superior es importante enfatizar que las políticas integrales son un medio para un fin mayor que busca establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual.
