Dar un fuerte golpe a la extracción ilegal de agua superficial y subterránea en la comuna, a través de duras sanciones, ha permitido el convenio establecido entre la Municipalidad de Illapel y la Dirección General de Aguas (DGA) Región de Coquimbo. Desde mayo del presente año a la fecha, el acuerdo adoptado por el municipio y el órgano de gobierno se ha traducido en multas por más de $221 millones a empresas agrícolas y particulares de la zona. Junto con ello, la iniciativa ha concretado el cierre de 6 pozos no autorizados y el envío de los antecedentes de estas causas al Ministerio Público para la persecución penal de el o los responsables.
Así lo manifestó el alcalde de Illapel, Denis Cortés Aguilera, quien explicó que el convenio firmado permite que la Municipalidad traspase $15 millones a la DGA para la contratación de una persona que fiscaliza en terreno el río Illapel y Choapa, a fin de identificar puntos ilegales de extracción de agua, además de obras no autorizadas en los cauces. Para las zonas de difícil acceso, se utiliza un dron que obtiene imágenes que puedan probar la ocurrencia de ilícitos.
“El agua es un elemento vital pero lamentablemente no siempre se hace un buen uso de él. Sabemos que la opinión pública tiene la preocupación por la cantidad de pozos que hoy existen y, por eso, quisimos ser activos en la solución a ello (…) Gracias al convenio con la DGA se han levantado expedientes que han terminado en multas, y otros permitido pasar personas a tribunales. Esperamos que en estos casos la justicia entregue las sanciones más altas, porque no puede ser que haya gente hoy que no tiene agua y, por otro lado, existan quienes estén haciendo pozos profundos y sacando agua para fines agrícolas o de otro tipo”, enfatizó el jefe comunal illapelino.
Las localidades de Illapel en las cuales se han cursado multas, cerrado pozos y/o levantado acciones judiciales en contra de empresas agrícolas y particulares por extracción ilegal de agua y construcción de obras no autorizadas en cauces de ríos, son Choapa Viejo, Peralillo, Cañas 1, La Colonia, Pintacura, Puente Negro, Cuz Cuz, Socavón y Limáhuida.
Por su parte, Marta Pereira, presidenta de la unión Comunal de Aguas Potables Rurales (APRs) de Illapel, sostuvo que “los APRs venimos denunciando esta situación hace bastante tiempo, creo que ahora se está haciendo el trabajo que se debió haber hecho hace bastantes años, porque la sequía lleva más de una década”. La dirigenta agregó que “la fiscalizadora de la DGA debe coordinarse con los presidentes de los APRs y así obtener la información necesaria para continuar con su trabajo”.
Finalmente, el alcalde de Illapel, Denis Cortés Aguilera, ratificó que el convenio de fiscalización entre el municipio y la DGA continuará su operación durante el próximo año. Se espera que el acuerdo sea ratificado mediante la firma del edil y el director regional de la DGA, en enero de 2022.
