Escrito por Juan Pablo Briones Belmar.
Más allá de cualquier cuestionamiento a las medidas adoptadas por parte del Ejecutivo sobre el cómo enfrentar la pandemia ocasionada por el Covid-19, se hace necesario poner atención a los devastadores efectos que tiene el Sars-Cov-2 a nivel económico, los que han quedado explicitados en que a sólo 73 días del primer caso confirmado de coronavirus ya sean más de ochenta mil las empresas que se han acogido a la ley Nº21.227 de protección del empleo y eso que ni siquiera estamos cerca del peak de contagios.
Ante este escenario, el Gobierno ha comprometido una inyección de miles de millones de dólares cuya finalidad es mantener a flote la economía y evitar así una crisis económica que podría tener efectos peores que el propio Covid-19 y se ha puesto especial atención -al menos a nivel discursivo- en las PYMES. Esto a prima facie parece razonable, sin embargo si no es acompañada con una estrategia clara puede tener muy pocos efectos reales debido a que este sector se caracteriza por ser inestable y precario.
La dictación de la ley de protección del empleo busca evitar que se produzcan despidos masivos, manteniendo el vinculo contractual entre los trabajadores y sus empleadores durante por el periodo en que se encuentren vigentes las medidas sanitarias dictadas por la autoridad para erradicar la pandemia y evitar así que el desempleo no aumente dramáticamente. Al respecto cabe recordar que las empresas que más se han acogido a la ley de protección del empleo,son precisamente las PYMES, con el 73,9% de las solicitudes, lo cual es muestra clara de lo precaria de la situación en que se encontraban éstas en el contexto Pre-pandemia, la que ya venía a la baja tras el “estallido social”, por lo tanto, los esfuerzos no deben centrados en sólo volver a la normalidad sino que deben estar enfocados en dar un nuevo impulso a las PYMES y que estas sean efectivamente protagonistas en nuestra economía y no sean un sector secundario y comparsa de las grandes empresas como lo han sido hasta hoy.
Señalo lo anterior pues en Chile existen más de un millón de PYMES que dan empleo a dos tercios de los trabajadores del país y esto a priori puede ser positivo, pues da cuenta de un país dinámico, de gente emprendedora, innovadora e independiente, es decir, un homo económicus generalizado producto de una economía abierta, que sería el reflejo social del neoliberalismo implementado en la década de 1980. Al día se abren trescientas nuevas empresas en una amplísima gama de ofertas y servicios, que van desde asesorías profesionales, servicio de banquetería, servicio de spas para niños hasta llegar al pago de servicios por encargo y así un sinnúmero de ofertas. Sin embargo, si se hace una segunda lectura, este escenario muestra lo precario y endeble de la realidad de los chilenos, pues, si analizamos más a fondo encontramos conque de esas trescientas empresas que se abren al día sólo tres logran superar el año de existencia, de ellas muchas quiebran, otras dejan de funcionar porque su dueño encontró un trabajo estable o más rentable, lo que nos muestra que más allá de ese país de emprendedores lo que abunda realmente es la inestabilidad, porque seamos sinceros, nadie se aburre de ganar dinero. Hoy estas mismas empresas se están viendo especialmente afectadas por la pandemia. Para ellas el Covid-19 significa un empujón fulminante y que desnuda su realidad precaria, lo que a su vez se refleja en sus trabajadores quedan sin ingresos, los que a su vez reciben remuneraciones menores que en las empresas más grandes.
Sobre las causas del fracaso de las PYMES en tiempos normales son atribuidas principalmente a fallas de gestión, baja competitividad o a que simplemente el producto o servicio ofertado no tiene su contraparte en el mercado, es decir no tiene consumo. A estos se les suma hoy el miedo que produce la propia enfermedad COVID-19, principalmente por lo contagioso de ésta y su capacidad de hacer colapsar cualquier sistema sanitario, incluso a los mejores. Ante esto, los llamados a quedarse en casa y el confinamiento -ya sea voluntario u obligatorio- ha significado una drástica caída en el consumo de productos y servicios que no son de primera necesidad concatenando una escalada de incertidumbre y estancamiento. En definitiva, es el propio afán de ralentizar la pandemia -única fórmula conocida para evitar el colapso sanitario- produce estragos económicos y sociales, agudizándose en los más pobres pero afectando también a la población a nivel transversal pues para un gran número de trabajadores el perder sus ingresos o que estos se vean reducidos significativamente ya es una realidad, especialmente en los sectores precarizados. Ya en el año 2014 el informe de la OCDE del año 2014 titulado Society at a Glance indicaba que al 27,8% de los hogares en Chile no le alcanzaba para comprar comida, quizá esta cifra sea muy superior este 2020.
Hoy con la aprobación del ingreso familiar de emergencia, la inyección de al menos tres mil millones de dólares al FOGAPE y otras medidas se debe dar pie a una discusión de fondo y es centrarse en cómo avanzamos realmente a una economía con una mejor distribución del ingreso, que de seguridad a los trabajadores y que en vez de dar subsidios, sea el poder de la gran mayoría compra de los chilenos y chilenas el que se vea potenciado y así poder efectivamente contar con una matriz productiva diversa, innovadora y que involucre a la masa crítica pero que tenga siempre un correlato con la realidad y sea sostenible en el tiempo. Sólo así el alto número de emprendimientos tendrá un horizonte más auspicioso y no seguirá encubriendo lo frágil de nuestra economía pre-pandemia, pues no se puede pasar por alto que gran parte de estos emprendimientos son financiados con recursos públicos, que apuntan al fomento del emprendimiento pero que en la práctica significa una inyección permanente de miles de millones de dólares que no rinden frutos a largo plazo.
