El académico de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, considera que la acción solo busca detener nuevas manifestaciones en el marco del estallido social, sin proponer solución al verdadero problema. A su juicio, este se soluciona realizando cambios estructurales a un modelo que solo genera déficit.
La Ministra de Transporte, Gloria Hutt, comunicó un decreto ingresado a Contraloría para frenar el alza de $10 en el precio del pasaje del transporte público. Para el especialista en transporte urbano y académico de la Universidad de Santiago, Rodrigo Martin, la medida no apunta al fondo del problema.
“Lo que está buscando el Estado es asegurarse que no se incremente más aun lo que está sucediendo con el conflicto social. Por eso han suspendido el incremento del valor a través de estos decretos presidenciales visados por la Contraloría”, explica Martin.
Sin embargo, a su juicio, el Gobierno debiera atender al verdadero problema que revelan las alzas constantes en el precio del pasaje. Es decir, que se acumulen los costos asociados del sistema, generando más déficit.
“Hay que tomar medidas respecto a lo que está pasando”, señaló Martin, en alusión a los costos por la evasión, lo que desde su perspectiva podría solucionarse disminuyendo el valor. “Por ejemplo, se sugirió la posibilidad de evaluar la diferenciación del precio del pasaje según el nivel socioeconómico del usuario”, destaca el especialista.
Martin insiste en que la real solución al alza del pasaje es evaluar el transporte que llega a las zonas más vulnerables de la capital y así redefinir los valores que se les cobran a los más dependientes del transporte público.
“Se podría establecer un costo según área o nivel socioeconómico, como en Colombia, en donde existe un subsidio a la demanda, en donde mediante una encuesta identifican los grupos socioeconómicos para establecer costos diferenciados”, ejemplifica.
Por otra parte, el académico considera que las licitaciones deben incorporar la evasión y los costos. “Estamos en una discusión constitucional y perfectamente podría ocurrir que se creen empresas estatales o de control estatal que abastezcan a servicios de transporte público en superficie, que tengan una visión más política y social que la economicista”, propone.
Finalmente, Martin cree que un eventual cambio constitucional también podría reformular “la relación del Estado con los servicios de bienes públicos y de necesidad para la comunidad”, concluye.
