Pedro Butazzoni sumó una nueva acción penal luego de tres años de investigación en su contra por estafa y contrato simulado, a cargo de la fiscalía de la zona.
Las víctimas, hijos de Gabriel Zepeda, exigen el pago de las utilidades que le corresponden respecto a la minera Barba y acusan a la ex autoridad de haber omitido a su padre ya fallecido, de todas las decisiones del directorio.
Este lunes, el 7° Juzgado de Garantía Santiago recibió una nueva información que complicaría la situación judicial del ex subsecretario de Economía del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Pedro Butazzoni, contra quien ya pesan querellas por contrato simulado y estafa desde el año 2015, en la región de Coquimbo, que afectaron al pirquinero de Combarbalá, Gabriel Zepeda.
La víctima, sin embargo, falleció en enero sin tener ninguna resolución judicial, y ahora, los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Catalina Tuane –en representación de sus hijos Jercka y Gabriel Zepeda Olivares – sumaron una nueva acción legal, esta vez, con antecedentes que darían cuenta de la participación de la ex autoridad en hechos que serían constitutivos del delito de apropiación indebida.
El libelo busca que estas actuaciones sean indagadas en la capital pues, el principio de ejecución –es decir, el lugar donde se realizaban las reuniones de directorio y comenzó a gestarse el delito- sería las oficinas de Butazzoni ubicadas en el centro de Santiago.
Los hechos
De acuerdo a los actos descritos en la acción penal, fue en 2006 cuando el pirquinero Gabriel Zepeda comenzó a buscar socios para explotar –en igualdad de condiciones- yacimientos mineros que había heredado de su padre.
En este escenario, Zepeda –quien era analfabeto- conoció a Butazzoni y negociaron explotar las minas con el 50% de participación cada uno, donde el primero aportaría once pertenencias mineras y el segundo, la planta de beneficio para explotar los yacimientos, constituyéndose el día 15 de abril de 2008, la Minera Barba SCM, actualmente una de las más rentables y emblemáticas de la zona.
Tras una serie de modificaciones, se estableció que el pirquinero tendría un 25% de la participación social y el 75% restante, quedaba en manos del ex subsecretario, pero este último, según la querella, “fue limitando el poder y la participación de su socio en la sociedad, y hasta el día de su muerte, en enero de 2019, la víctima no tuvo acceso a la información de gestión o contable de Minera Barba, ni tampoco recibió utilidad alguna.
Además, en 2017 la minera realizó millonarias negociaciones con el directorio de ENAMI y el Ministerio de Minería entregó $14.000.000 a los gremios de Combarbalá para la adquisición de una torre de muestreo para ser instalada en la Planta Minera Barba; lo que permitió comenzar con la compra de minerales a pequeños y medianos mineros con los estándares aplicados por ENAMI .
“La sociedad ha acumulado decenas de millones de pesos en utilidades no pagadas a mis representados”, se alega en la querella, apuntando a que Pedro Butazzoni “abusando de su conocimiento y posición de poder en la sociedad, privó a don Gabriel Zepeda y ahora a sus hijos, de sus legítimas utilidades, presumiblemente apropiándose de ellas, y negándole el acceso a la información de Minera Barba que como socios le corresponde”.
Ahora, la fiscalía metropolitana Centro Norte deberá iniciar una investigación en Santiago para determinar la responsabilidad de la ex autoridad del gobierno de Eduardo Frei en los hechos denunciados y evaluar una posible formalización de la causa.
