El Seremi de Energía, Alvaro Herrera, informó que “la Contraloría tomó razón del decreto tarifario asociado a la componente de precios de generación de las tarifas eléctricas, que resulta en un incremento en las cuentas a nivel final residencial de 9% en la Región de Coquimbo”.
El Seremi precisó que “esta alza se explica entre el 60 y 80% por el incremento del precio del dólar durante el segundo semestre de 2018. La otra parte del aumento responde a precios aún elevados de los procesos de licitaciones de suministro eléctrico realizados entre 2006 y 2014”.
“Como país, en materia de energía, así como en otros productos y servicios, tenemos una dependencia de las variaciones del dólar, que proviene tanto de los costos operacionales derivados del uso de gas y carbón, pero también es resultado de los costos de inversión y financiamiento de las centrales que utilizan recursos naturales”, agregó.
Herrera mencionó que “la ley eléctrica establece desde 2006, cuando se efectuaron las primeras licitaciones de suministro, que cada seis meses debe hacerse una actualización de las tarifas eléctricas en su componente de generación, pero que dependen principalmente del promedio de los contratos licitados y adjudicados por las empresas distribuidoras a las generadoras, que es lo que las primeras traspasan finalmente a los usuarios. El proceso se aplica según lo establece la legislación y de hecho alzas similares también han ocurrido en 2015 y 2016”.
La autoridad subrayó que “nuestro trabajo está enfocado en acelerar el paso para contar con un sistema más competitivo y renovable, incentivando la entrada de más actores y una mayor penetración de tecnologías limpias y económicas. Lo anterior se materializará a través del nuevo proceso de licitación convocado para fines de año, la promoción de energías renovables, tanto en la generación como en generación distribuida, los planes de expansión de la transmisión para viabilizar más proyectos renovables, y la reforma a la ley de distribución, en la cual se adelantó una revisión a la rentabilidad de las empresas distribuidoras”.
