Un panorama más adverso en la lucha por el agua se avecina para los Comités de Agua Potable Rural (APR) y pequeños campesinos si el Congreso aprueba el proyecto de ley del gobierno que, en la práctica, privatizará la labor fiscalizadora de la Dirección General de Aguas (DGA).
Así lo denunció el diputado comunista Daniel Núñez, quien explicó que la medida del Ejecutivo modifica el artículo cuarto del Código de Aguas para externalizar trámites que actualmente realiza la DGA. Añadió que la mencionada propuesta crea la polémica figura de revisores externos, quienes fiscalizarán en terreno permisos y solicitudes.
“Quiero denunciar que el proyecto pro inversión que el gobierno ha presentado al Congreso contempla una situación extremadamente grave que es la privatización de la Dirección General de Aguas. Este proyecto que se ha presentado al Congreso entrega a privados funciones que hoy realiza este organismo público, la DGA, a revisores externos, es decir, a privados que van a ser pagados por las propias empresas que demandan agua, ya se mineras o empresas de la agroindustria y que van a verse beneficiadas con la tramitación de los derechos de aguas o en las polémicas o litigios que tengan por la propiedad del agua”, enfatizó.
Según el parlamentario por la Región de Coquimbo, una de las zonas más golpeadas del país por la escasez hídrica, la propuesta del gobierno se traducirá en “una captura total del organismo público por los poderes económicos y sin lugar a dudas va a perjudicar al pequeño campesino, a comités de agua potable rural y todos quienes hoy día son propietarios del agua y que luchan por defender este recurso básico”.
La mencionada modificación al artículo cuarto del Código de Aguas forma parte de las medidas legislativas pro inversión del Gobierno y ya fue aprobada por la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Se estima que el próximo martes será vista en la sala.
Por otra parte, el diputado Núñez lamentó el retraso por parte de La Moneda del reglamento de la ley que modifica el Código de Aguas y que, precisamente, aumenta el rol fiscalizador de la Dirección General de Aguas (DGA) al darle peso probatorio en calidad de ministros de fe. Esta iniciativa fue una ley corta que impulsó el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet al final de su administración.
