En estos últimos días se ha venido planteando un debate, bien interesante, en torno a la tarificación del agua en Chile, a raíz de un estudio publicado por la Fundación Aquae, en forma de Aquaepapers.
El citado estudio pretende recoger la amplia diversidad de modelos de tarificación del agua potable residencial a nivel internacional que sin duda origina, atendiendo a las peculiaridades de cada país y de cada ciudad,una desigual repercusión sobre las cestas de consumo de los hogares alrededor del mundo.
No obstante, en los últimos años se está protagonizando un proceso de convergencia en los modelos de gestión del agua que ha dado lugar a cierta homogeneización en los diseños tarifarios. A pesar de esta tendencia, la dificultad de realizar una comparativa entre ciudades localizadas en los distintos continentes es considerable, ya que los principios que guían la confección de los esquemas tarifarios difieren mucho de un país a otro e, incluso, de un municipio a otro.
Los países más desarrollados comparten ciertas características como una red mejorada de suministro y saneamiento, el saneamiento de la totalidad de las aguas servidas o el acceso de toda la población a la red. Concretamente, en el caso de Chile, la gestión del ciclo integral del agua está tan desarrollada como en los países de mayor renta a nivel internacional; el país dispone de unas infraestructuras que garantizan un agua de calidad, y el acceso a la red de abastecimiento es total en la gran mayoría de municipios. A lo que hay que sumar que en Chile se depuran el 100% de las aguas servidas, nivel que no alcanzan otros países de su entorno.
Además, el agua potable no es un bien corriente, sino que su valor es esencial para el bienestar humano y para el desarrollo de las sociedades. Por ello, su mercado no puede regirse por los principios clásicos y su regulación debe orientarse a asegurar el acceso a un recurso de calidad por parte de la totalidad de la población tanto presente como futura.
Por consiguiente, el precio establecido tiene una importancia fundamental, tanto por parte de la oferta para garantizar una calidad e infraestructuras adecuadas como por parte de la demanda para que la totalidad de los habitantes puedan consumir el recurso sin realizar un esfuerzo económico desproporcionado.
Pues bien, considerando que, el estudio de referencia no se ha dedicado a elaborar un ranking de tarifas sino a tratar de definir los distintos factores explicativos que afectan a la tarifa que pagan los hogares por el servicio de abastecimiento y saneamiento del agua en un contexto internacional-, es de recibo señalar que Chile, respecto a los países de su entorno,es el país con una renta per cápita más alta, y también con una mayor calidad regulatoria.
Además, Chile se encuentra entre los países que dedican un esfuerzo más elevado a devolver el recurso saneado al medio ambiente. Por otro lado, la disponibilidad de agua es escasa en muchas zonas del país, alcanzando valores muy elevados de estrés hídrico, sin embargo, esta escasez, no ha significado un corte en el suministro, más bien al contrario, se ha garantizado el suministro continuado de agua a los hogares chilenos, gracias a una inversión continuada en infraestructuras de almacenamiento. Y aun así, Chile tiene,en promedio con las ciudades latinoamaericanas estudiadas, un agua más barata que Argentina o Bolivia.
En definitiva, el modelo chileno de gestión de las aguas, que otorga a este recurso una calidad de bien público, ha permitido modernizar el ciclo integral del agua y conseguir un total saneamiento de las aguas, un alto grado de acceso a la red y una calidad elevada de las infraestructuras hasta situar a Chile como un referente de gestión de los recursos hídricos en el contexto latinoamericano.
Lorena Olmos Salvador
Profesora de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza (España) y autora del Aquapapers “Determinantes de la tarificación Internacional del Agua residencial”.
