El profesor de la Universidad de Santiago, Fernando Pairicán, afirma que la modificación a la Ley Indígena que pretende el Acuerdo Nacional por la Paz y el Desarrollo presentado por el Presidente Piñera, considera arriendos de tierra, lo que podría terminar tensionando la noción del derecho a la propiedad que defiende el pueblo mapuche.
“Cien años de historia de este pueblo se resumen en una agenda, de defensa de la propiedad o devolución de la tierra. Plantear la opción de seguir con los arriendos puede contravenir la lucha que generó el movimiento mapuche en la década de 1980, en contra de Augusto Pinochet”, sostiene.
“Lo que se vivía hace seis meses era una desunión grande, muchos problemas de violencia y en la operación de la policía, poca claridad de cómo salir adelante de manera conjunta para tener un desarrollo que pudiera enfrentar problemas”. Fueron las palabras del ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, en el marco de la presentación del Acuerdo Nacional por la Paz y el Desarrollo de La Araucanía. El paquete de iniciativas, dadas a conocer por el Presidente Sebastián Piñera, incluye una “fuerte” inversión en obras públicas, infraestructura educacional, caminos básicos e indígenas y obras de agua potable rural.
Sin embargo, para el historiador mapuche y profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, Fernando Pairicán, el enfoque del plan es más económico que social. Por eso, considera que puede “generar un retroceso” en las demandas del pueblo mapuche. Fundamentalmente, por la modificación de la Ley Indígena, lo que a su juicio debiese ser decidido a través de una consulta.
“La Ley Indígena de 1993 permitió una nueva etapa entre el Estado y los pueblos originarios, donde la propiedad de la tierra quedaba protegida. Los nuevos tipos de arriendo de la tierra que acá se están planteando pueden terminar tensionando el derecho a la propiedad o la propiedad comunitaria que el pueblo mapuche ha colocado como demanda”, afirma.
Según el economista Luis Larraín, la modificación de la Ley Indígena buscaría autorizar la posibilidad de celebrar distintos tipos de contratos tales como medierías, arriendo y cesión de derechos en tierra individual o comunitaria indígena por hasta 25 años, sujetos a un proceso de registro y supervisión del Estado.
“Cien años de historia de este pueblo se resumen en una agenda, de defensa de la propiedad o devolución de la tierra. Plantear la opción de seguir con los arriendos puede contravenir la lucha que generó el movimiento mapuche en la década de 1980 en contra de Augusto Pinochet”, advierte.
Por otra parte, considera que el proyecto impone un modelo económico que el pueblo mapuche no ha legitimado en el tiempo. “Hay una noción que no es extraña en la derecha y que la Concertación fomentó, de pensar que la solución a la realidad indígena pasa por un aspecto netamente económico, destruyendo el tejido social comunitario por implicar estancamiento social y político, en pro del individualismo y la propiedad privada”, explica.
Sin embargo, “el mundo indígena se basa en la comunidad y ese es su tejido social fundante, sea mapuche, aimara o maya. Es lo que explica el mismo Evo Morales cuando dice que son el Gobierno de los ayllus o de las comunidades. Es algo que ha resistido cientos de años”, enfatiza.
Finalmente, sostiene que este plan no fomenta particularmente al pueblo mapuche, sino que al emprendimiento del no indígena, marginando a una parte de los actores que se enfrentan en la zona. “Este proyecto beneficiará a las clases medias, a los agricultores, a los fonderos de La Araucanía, pero no necesariamente al pueblo mapuche, que bordea el 20% de la población en la región”, concluye.
