El especialista en seguridad y profesor de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, considera que los representantes de la institución involucrados deben recibir un castigo ejemplificador por no haber resguardado la integridad física de los extranjeros, que fueron apremiados por otros reos por haber asesinado a una mujer en el Barrio República.
“No puede ser que el repudio al crimen que cometieron estos sujetos sea una excusa para que otros se sientan con derecho a ser jueces y verdugos, aplicando tratamientos que atropellan absolutamente los derechos humanos”, afirma.
Funcionarios de Gendarmería anunciaron una paralización nacional si no se concreta la reunión que solicitaron al ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ello, luego de que el gendarme Héctor Palma fuera imputado por su presunta responsabilidad en las torturas sufridas por dos reos ecuatorianos la semana pasada, las que fueron grabadas por otros cuatro presos del penal Santiago 1 y viralizadas a través de redes sociales. Las víctimas se encuentran en el recinto luego que fueran formalizadas por asesinar a palos una mujer en el Barrio República.
Al respecto, el experto en seguridad pública y profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, sostiene que sí hubo responsabilidad de parte de los funcionarios de la institución penitenciaria en estos hechos y que, por lo tanto, deben aplicarse sanciones para quienes no ejercían su labor resguardando la integridad física de los internos. “Para que esto haya ocurrido, tiene que haber cierta complicidad implícita o explícita de los funcionarios de este centro penitenciario de Gendarmería de Chile”, considera.
“En primer lugar, por las connotaciones del caso, lo más lógico hubiese sido que los torturados hubiesen quedado absolutamente aislados o separados de la población penal normal, porque eran extranjeros. Eso habría sido lo más prudente”, señala. “En segundo lugar, el hecho de que haya ocurrido sin que otros gendarmes se hayan dado cuenta de la situación sugiere que hubo ‘vista gorda’, de decir ‘se lo merecen’, dejando que esto ocurriera”, añade.
El ex jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior afirma que el hecho es grave y que, por lo tanto, se requiere una acción ejemplificadora que dé una señal tanto a Gendarmería como al país de que la delincuencia no se resuelve de esta forma y que no se puede ser cómplice de esta forma de actuar. Esto, ya que existe un ordenamiento jurídico que establece que solo los Tribunales de Justicia están habilitados para aplicar sanciones y castigar crímenes.
“El problema más grave es que personajes públicos han manifestado su aprobación, simpatía o justificación a que hayan ocurrido estos hechos”, critica. “No puede ser que el repudio al asesinato que cometieron estos sujetos sea una excusa para que otros se sientan con derecho a ser jueces y verdugos, aplicando tratamientos que atropellan absolutamente los derechos humanos”, sostiene.
Por otra parte, señala que la acción de los reos “es una hipocresía. Ellos no son justicieros, sino que están ahí porque cometieron asesinatos o robos con violencia y no deben sentirse con el derecho de castigar a otro”.
Finalmente, reconoce que Gendarmería requiere urgentemente de más personal y, sus funcionarios, de una mayor preparación profesional. “Ellos están en una labor de resguardo, para privar la libertad de los sujetos que están dentro, pero también para resguardar su integridad física”, concluye.
