Para el especialista en seguridad y profesor de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, los operativos masivos que ha defendido el gobierno del Presidente Piñera son necesarios para aumentar la sensación de seguridad en la población. No obstante, considera que la policía uniformada debe centrarse exclusivamente en monitorear a las personas que tienen antecedentes penales, para no saturar el trabajo de los tribunales de justicia.
“El Gobierno está evidentemente respondiendo a la demanda de una opinión pública, que está ávida de este tipo de señales, pero también es importante considerar hasta qué punto la institucionalidad está preparada para responder a este tipo de medidas”, afirma.
“Aunque saturemos los tribunales de justicia, vamos a seguir haciendo rondas de vigilancia preventiva”. Fue la advertencia del Presidente Sebastián Piñera, quien respondió así a las críticas emanadas desde el Poder Judicial, quienes adujeron “dificultades” para atender el volumen de detenidos tras las rondas preventivas de vigilancia, de carácter masivo, efectuadas por Carabineros en los últimos días.
El experto en seguridad pública y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, afirma que para que las rondas de control preventivo sean eficaces en el combate contra la delincuencia, estas deben tener un objetivo más claro.
“Más que hacer operativos masivos, donde se atienda a cualquier persona, la idea es hacer un control de identidad de personas con antecedentes penales, con causas pendientes o prófugos de la justicia”, enfatiza. “El Gobierno está satisfaciendo a una opinión pública, que está ávida de este tipo de señales, pero también debe considerar hasta qué punto la institucionalidad está preparada para responder a este tipo de medidas”, sostiene.
El especialista reconoce la necesidad de realizar estos operativos, dado los niveles de inseguridad que evidencia la población en diversas encuestas. Sin embargo, considera que para que estas rondas tengan resultados eficaces, el sistema judicial debe recibir más recursos.
“Hay que dotar de recursos necesarios, para que la labor de la justicia pueda soportar el incremento de causas. El 80% de los recursos deben estar dirigidos a la contratación de profesionales preparados”, afirma. “El Ministerio Público desde hace tiempo que viene advirtiendo que está saturado y que las causas que tramita llegan a ser hasta el doble de lo que se había proyectado en la Reforma Procesal Penal”, sostiene.
Finalmente, precisa que estos recursos deben destinarse en la contratación de más abogados y fiscales. “Cuando los niveles de inseguridad e insatisfacción de la gente están en los niveles actuales, se requiere una respuesta que apunte a disminuir los niveles de incidencia delictual”, concluye.
