El académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, considera que el proyecto del Gobierno que reemplazaría al Crédito con Aval del Estado y al Fondo Solidario debe contemplar una mayor inyección de recursos para sus planteles. Esto, porque los estudiantes del 60% más pobre no pagarán nada mientras estudian, siendo las propias instituciones las que deberán cubrir la diferencia entre el monto del beneficio y el arancel real. “Se promulgó la Ley de Fortalecimiento de las Universidades del Estado con muy pocos recursos”, critica.
El Presidente Sebastián Piñera anunció la semana pasada el envío al Congreso del proyecto de ley que reemplazaría al Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario (FS). Se trata de un nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS), que entre sus novedades contempla que el 60% más pobre no pague nada mientras esté estudiando, siendo las instituciones las que paguen el diferencial entre la cobertura del beneficio y el arancel real, que definen las propias casas de estudios superiores al momento de ofrecer una carrera.
Para el economista especialista en economía de la educación, autor del libro ‘Claves y nudos en la reforma a la educación superior chilena’ y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, este aspecto del eventual nuevo crédito implicará una mayor presión para los recursos de las universidades. Principalmente, las estatales, dado que la recién promulgada Ley de Fortalecimiento de Universidades del Estado no consideraría recursos suficientes para costear este ítem.
“El Estado colocó ese plan especial de fortalecimiento con muy pocos recursos. No alcanzó a mil millones por universidad al año, lo que un impacto muy acotado en el presupuesto de las universidades”, afirma. “Lo que pague el Estado no va a bastar, ni el arancel considerado para la gratuidad ni para financiar el crédito, considerando lo que los planteles estiman que cuesta financiar su actividad docente”, enfatiza.
De acuerdo a Salas, costear esta diferencia puede perjudicar la calidad de la educación que imparten y la investigación que realizan, debido a que deberán redistribuir los mismos recursos que utilizaban en estos aspectos para cubrir el diferencial que provocará el nuevo sistema de financiamiento.
Por eso, considera que el nuevo crédito debiera implicar un nuevo articulado para dar más recursos, a fin de que las universidades del Estado no salgan perjudicadas con el financiamiento de este crédito. “Este nuevo crédito es un ajuste al sistema tal cual lo tenemos, pero no está bien planteado para poder tener un sistema financiado adecuadamente”, concluye.
