La investigación, realizada por el Instituto de Administración en Salud de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, cuyo investigador principal es el académico Rony Lenz, reveló que existen dificultades para quienes sufren esta patología, debido a descoordinaciones entre distintos sistemas de salud (Garantías Explícitas en Salud y Ley Ricarte Soto) que cuentan con cobertura para esta patología.
– Frente a este problema, el análisis recomienda fortalecer, ordenar y modernizar a algunas entidades del Estado para mejorar el proceso de financiamiento de enfermedades de alto costo.
Con el objetivo de generar una discusión en torno a las implicancias que conlleva la descoordinación entre distintos regímenes de salud a la hora de enfrentar la esclerosis múltiple, el Instituto de Administración en Salud (IAS) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile presentó un análisis que evidenció las dificultades que tienen que sufrir los pacientes con esta patología para acceder a tratamientos.
El académico Rony Lenz, quien lideró el análisis, afirmó que “existe un cúmulo de problemas a los cuales no les hemos prestado atención y que están impidiendo que los pacientes sean tratados de manera oportuna”.
En Chile, existen varios regímenes que dan cobertura a los problemas de salud: Garantías Explícitas en Salud (GES), Ley Ricarte Soto (LRS), Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC) y planes complementarios de isapres, entre otros. El problema, según la investigación académica, es que la proliferación de estos ha sido desorganizada. En el caso específico de los pacientes con esclerosis múltiple, la superposición del GES y la LRS genera una serie de descoordinaciones en términos regulatorios, de financiamiento y de provisión de tratamientos.
Lo anterior se traduce en la práctica en complicaciones que influyen directamente en el acceso a tratamientos de alto costo; en la progresión de la patología; en un mayor gasto de bolsillo por prestaciones no cubiertas; en desinformación de pacientes y prestadores por la existencia de la misma patología en distintos regímenes; en mayores costos para la economía a consecuencia del agravamiento de la enfermedad (licencias médicas, por ejemplo); y en un proceso que no se centra verdaderamente en las personas aquejadas por este mal y en sus familias, viéndose afectadas en su acceso a una atención oportuna.
El paso a paso de los pacientes
Rony Lenz explicó que hay limitantes para que los pacientes puedan acceder a los tratamientos de manera oportuna, principalmente en el diagnóstico, ya que “no se cuenta con la capacidad, debido a que existen pocos neurólogos especializados y la resonancia magnética, herramienta diagnóstica por excelencia, tiene que ser financiada por el paciente o el centro de salud”.
Agregó que además “quienes presentan esta patología deben ser visados por un centro de referencia, generando cuellos de botella. Esta situación no ocurre con otras enfermedades, donde el médico tratante es el encargado de calificar al paciente”.
Asimismo, el análisis asegura que las dificultades de coordinación entre ambos sistemas -GES y LRS- “traen como consecuencia problemas financieros y de acceso. Por eso, hoy no es posible afirmar que ambos sistemas responden cabalmente a las necesidades de los pacientes”.
El investigador de la Universidad de Chile detalló que antes de que la esclerosis múltiple entrara al GES, en 2015, muchos pacientes se atendían por el sistema de isapres. Sin embargo “hubo un paso hacia atrás, porque no se explicitó el financiamiento a drogas, por lo que los enfermos quedaron en un limbo. Sumado a esto, cuando se incorpora la Ley Ricarte Soto, en 2017, no se incluyeron drogas nuevas, entonces es entendible que los pacientes estén molestos”.
Según sostuvo Lenz, las descoordinaciones entre los sistemas de salud provocan problemas de acceso en los pacientes.
Recomendaciones del análisis
Para solucionar las trabas de acceso y financiamiento que sufren aquellas personas que padecen esta patología, Rony Lenz puntualizó que “se requiere una mayor proactividad en la coordinación y en la búsqueda de soluciones en beneficio de los pacientes”.
Por eso, el análisis identificó seis elementos claves:
– Fortalecimiento del rol fiscalizador de la Superintendencia de Salud, extendiéndose a todos los regímenes.
– Incorporación de un sistema de Evaluaciones Tecnológicas Sanitarias (ETESA), público pero independiente, que apoye el proceso de incorporación y cobertura financiera de tecnologías.
– Que la Ley Ricarte Soto se haga cargo de las prestaciones asociadas a las enfermedades, más allá de la cobertura a los medicamentos.
– Que la Subsecretaría de Redes Asistenciales tenga un papel mucho más activo para destrabar los cuellos de botella y descentralizar el sistema.
