¿Por qué Chile, si la posición geográfica y culturalmente del país es tan distinta al resto de América Latina, otro clima, otro idioma? Mucho se podría decir que desde el año 2004, las Fuerzas Armadas Chilenas, cooperan con el cuerpo de paz cascos azules de la ONU la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (MINUSTAH). – Haití, lográndose el estrecho vínculo entre estas dos naciones, y que en consecuencia existe una alta reciprocidad entre los mismos.
¿Será este el móvil, para justificar la presencia de haitianos en nuestro suelo? varios interrogantes asaltan frente a la masiva llegada de los mismos.
Factores teóricos pudiesen decirse, como que la causa de esta creciente inmigración, vinculada específicamente a las precarias condiciones del acotado mercado laboral de Haití, lo que ha redundado en un alza de 731% sólo en los últimos tres años. Y de ese universo total, sólo un 11% ha regresado a su país de origen, se sumaría el contexto de una inmigración económica, el racismo hacia los migrantes latinoamericanos y caribeños. Resulta entonces, particularmente funcional en la medida en que autoriza la explotación laboral de las minorías en el marco de una división axial étnica del trabajo, mientras se van potenciando imaginarios sociales que se asocia ciertos nichos laborales a nacionalidades específicas: “la nana peruana”, “el lavado de autos haitiano”, etc. Podríamos decir que estamos ante una racialización de la mano de obra.
El discurso viene a profundizarse y arraigarse en Chile así: sí a nivel internacional, está hablándose de la libre movilidad, de ciudadanía universal, de ciudadanía sudamericana, no están dados los mecanismos internos para aplicarse. La oleada de discriminación es latente, y por lo demás no se ha instalado de un día para otro, no viene siendo producto del flujo migratorio proveniente de Haití en los últimos años, porque si de algo los estudios estadísticos pueden hablar es que se está lejos de ser los más numerosos.
Estas reacciones xenófobas y discriminatorias son resultado de campañas mediáticas que se han insertado en la sociedad chilena, y que viene absorbiéndose desde hace mucho tiempo. No es suficiente decir no a la discriminación. Lo que necesitamos es reconstruir la mentalidad de una sociedad que es víctima igual que nosotros.
El camino es largo para no solo para la nacionalidad haitiana sino para todas, porque dichos avances deben garantizarse con una conducta normativa que consolide los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que el denominado proyecto de ley, tenga una coherencia clara entre los principios que postula el Estado con el articulado incorporado y su realidad social actual. Bien se puede decir que esta adopción o postura no es solo para Chile sino para toda América latina, y de aquellos donde la migración ya es de esencia de los Estados Naciones.
Como referente, se menciona que en el año 2010 se redactó y aprobó en Chile una ley que establece disposiciones sobre la protección de la población refugiada, lo que constituyó un avance significativo en concordancia con los acuerdos internacionales para la protección de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, y en sí de la población migrante. Este avance sin embargo hay que considerarlo el primer paso y no el último que debemos dar.
La deuda que tiene este país con los derechos humanos debe encarnarse en una política pública de acogida y reconocimiento de estos sujetos de protección internacional, que convierta esa ley en condiciones de vida dignas para las mismas.
Hoy de los 850 mil chilenos que aproximadamente viven en el exterior, la gran mayoría son hijos de la persecución y el exilio. Frente a esta solidaridad que muchos países del mundo tuvieron con los chilenos y chilenas, hoy Chile responde con mezquindad, importante cuestionamiento a tratar.
Si seguimos hablando de cohesión social adoptada, es importante captar valoraciones y percepciones de los individuos sobre el grado de solidaridad que la sociedad les brinda y, a su vez, sobre cómo definen su solidaridad con respecto de los otros.
Una política con enfoque de derechos debe garantizar una homogeneidad en las exigencias de requisitos y condiciones para el acceso a los derechos y bienes sociales de los distintos colectivos de ciudadanos extranjeros. En este sentido se debe evitar que la ley consagre desigualdades entre colectivos nacionales, abriendo la posibilidad para que el predominio de principios como el de la “reciprocidad” u otros definidos discrecionalmente por la autoridad afecten a colectivos nacionales específicos.
Una ley fundada en los derechos humanos, no puede consagrar la posibilidad de institucionalizar una discriminación por nacionalidad. Se queda siempre el sabor a agraz en espera, que la próxima administración entienda lo imperante de una nueva ley de migración, una política pública y una institucionalidad consistente.
Ariana Benito Revollo Vargas
Académica
Universidad Central sede La Serena.
