Como ha sido la tónica desde que se planteó la reforma del sector, la discusión durante los últimos días en el Congreso de los proyectos de ley sobre Educación Superior y de Universidades Estatales, reafirma el sesgo con que el Ejecutivo sigue concibiendo el futuro de las instituciones de Educación Superior, incluso hoy, ya muy cerca del cambio de administración.
En acelerado trámite, ambos cuerpos legales abordan temas necesarios, como el fortalecimiento de las instituciones pertenecientes al Estado. Sin embargo, el foco no es el correcto, ya que se mantiene el sesgo en el aspecto económico, anunciándose 300 mil millones de pesos para ese grupo; así como no se establece claramente el rol del CRUCh en la política pública en educación. La inyección de recursos antes citada no es mala en sí misma, muy por el contrario, es absolutamente necesaria. Lo negativo es que esta medida deja de lado a las Universidades Públicas No Estatales G9 del CRUCh -de un total de nueve, ocho de ellas son de regiones-, las que enfrentan las mismas dificultades que las estatales.
No se consideran instituciones de gran prestigio y calidad, con una rica historia e identificación con sus comunidades. Es el caso de la UCN, la primera universidad del norte propiamente tal y que cuenta con 62 años al servicio de la zona, entregando a la sociedad más de 42 mil titulados y que en la actualidad está acreditada por 6 años en todas las áreas, formando parte del grupo de avanzada de instituciones de Educación Superior del país con 6 o 7 años de acreditación.
Pedimos un trato equivalente en la discusión parlamentaria, que no sea discriminatorio por tener una identidad diferente. Sin un trato similar, la UCN se ve limitada para acompañar con la infraestructura necesaria sus destacados avances en postgrado e investigación, sobre todo en ciencia y tecnología.
Asimismo, tal como está planteada la gratuidad, si bien favorece en primer término a los estudiantes, a lo más permite financiar parte de la operación de las universidades, dejando en la incertidumbre el acompañamiento de las instituciones para que ese joven no pierda el beneficio y reciba una docencia de calidad.
El discurso es que los proyectos son para apoyar a los estudiantes, pero se da el contrasentido que podrían perjudicar a aquellos que optaron por universidades públicas no estatales como la UCN, a pesar de su reconocida calidad y prestigio. Y se trata de jóvenes que rindieron la misma PSU, con las mismas reglas que los que decidieron ingresar a una institución del Estado. ¿Es justo esto?
Si a ello sumamos el olvido de los planteles de regiones, tenemos una reforma que no solo es discriminatoria, sino también peligrosa para el desarrollo equilibrado que requiere Chile, un país donde el centralismo es el origen de muchos de los males que aquejan a buena parte de la población.
Pese al actual panorama, aún hay tiempo para corregir algunos de los aspectos planteados mediante indicaciones en la discusión parlamentaria.
Jorge Tabilo Álvarez
Rector Universidad Católica del Norte
