Frente al oficio gubernamental que arroja que el Estado invierte más del doble en presos que en menores del servicio, el académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, sostiene que es vital aumentar los dineros en prevención, para detener carreras criminales.
El docente indica que esto no debe realizarse a costa de recortar los montos destinados a Gendarmería, ya que las condiciones de los reclusos siguen siendo precarias en las cárceles nacionales. “El Servicio Nacional de Menores requiere recursos nuevos y se necesita priorizar eso, a costo de reformas que podrían ser más populares, pero menos urgentes”, indica.
Un oficio que el Ministerio de Justicia envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado informó que el gasto mensual por mantener a un preso fue de $724.152, cálculo realizado en base a datos de Gendarmería correspondientes al primer semestre de este año. La cifra representa más de la mitad de lo que gasta el Estado en menores del Sename ($294 mil mensuales en promedio), según informó la cartera de Gobierno a la misma comisión.
Para el experto en seguridad y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, de mantenerse esta situación, “el circuito de la delincuencia y la carrera criminal se seguirá reproduciendo. Luego, tendremos una presión sobre las cárceles por el aumento de la población penal y, por lo tanto, más dinero que se tiene que destinar al sistema”.
Para evitar esto, el especialista indica que se debe priorizar una reforma al Sename que contemple recursos frescos. “Si hay voluntad política para eso, perfectamente, en un ejercicio presupuestario de uno a dos años, se pueden incrementar considerablemente, hasta en un 50%, los recursos destinados a la protección y rehabilitación de menores”, estima el ex jefe de la División de Estudios del Ministerio del Interior.
¿Sería una fórmula más rápida redestinar recursos con que se financian presos en menores? Para Araya, la respuesta es negativa, ya que el nivel de hacinamiento en las cárceles –a su juicio, cercano al 50% de la capacidad presupuestada por la infraestructura carcelaria nacional- hace imposible recortar dineros para este ítem. Con todo, indica que la situación es solucionable en el corto plazo.
“Cuando en Chile se decidió realizar la Reforma Procesal Penal, el nacimiento del nuevo Ministerio Público con la Fiscalía a lo largo del país, nuevos edificios, fiscales y personal administrativo, implicó un aumento significativo de un gasto que el Estado no tenía contemplado”, compara. “El Sename requiere recursos frescos y se necesita priorizar eso, a costo de reformas que podrían ser más populares, pero menos urgentes”, insiste.
Finalmente, critica que solo un 14% de la partida del Presupuesto destinada a Seguridad y Justica vaya al área de la prevención.
“Se está gastando menos de la mitad en rehabilitar a un niño cuando, claramente, debiera ser la mayor inversión. Haciendo un análisis de costos y beneficios, se advierte que es mucho más rentable destinar más recursos al Sename. Sería un tremendo ahorro”, concluye.
