Cabe señalar que el centro comercial ya tiene alrededor de un 98% de avance y que esperan abrir para el 2018.
Luego de la demanda civil de perjuicios por responsabilidad extracontractual que interpuso la empresa Neorentas y que asciende a un monto cercano a los 2.750 millones de pesos, el abogado demandado en el caso, Cristian Álvarez, afirmó que esta denuncia no tiene sustento legal, que no hay perjuicios de por medio y que además, hay una orden judicial de paralización de la obra pero que nunca ha sido respetada por la empresa, por lo que recalcó que Neorentas estaría cometiendo un delito penal.
Así lo sostuvo el profesional “lo cierto es que hubo una paralización de obra que nunca se concretó, donde se dio una orden judicial pero no se respetó y eso es gravísimo porque incurre en un delito penal que se llama desacato, se solicitó al Juzgado de Policía Local y se hizo la denuncia al Ministerio Público para que le hicieran la persecución penal al respecto”.
En relación a la acción correctiva que levantó la Contraloría General de La República frente a los permisos otorgados del centro comercial, el abogado enfatiza que “el organismo fiscalizador recalca y mantiene sus observaciones, solamente lo que le dice a la dirección de obras y a la municipalidad es que no puede obligarlos a corregir por vía administrativa los errores que detectaron porque ya se pasó el plazo de dos años para invalidar por cuenta propia o dejar sin efecto un acto administrativo por ser ilegal pero no quiere decir que el peso jurídico no siga siendo el mismo”.
Ahora lo que esperan los demandados es lograr la paralización definitiva de la obra, la demolición del centro comercial y la aplicación de multa del 5% al 20% de la tasación de la obra misma.
Cabe resaltar que el centro comercial ya tiene alrededor de un 98% de avance y que esperan abrir para el 2018.
