El especialista en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, sostiene que una norma como la propuesta por el presidenciable José Antonio Kast, de dar más facilidades para que ciudadanos comunes se armen y enfrenten la delincuencia en sus casas, no sólo fracasará en términos de desincentivar el número de delitos, sino que además provocará un aumento de los asesinatos con armas de fuego. “La probabilidad de que con esa arma se termine matando gente inocente por un momento de ofuscación nos provocará un mal mayor como sociedad”, enfatiza.
“Si entra un delincuente a robar, a matar o violar a mis hijas y yo tengo un revólver, le voy a disparar. Sé usar mi arma (…) Es un desincentivo para que los delincuentes sigan operando a libre descampado”. “Hay que reformar la ley para darle facilidades a la persona que tiene un arma, para poder entrenarse y usarla, y si alguien quiere comprar una, que alguien le ayude a entender cómo funciona”. Esas fueron algunas declaraciones del candidato presidencial, José Antonio Kast, que abrieron el debate respecto a si se debe o no modernizar la ley de armas, para permitir que más personas accedan a ellas a objeto de usarlas en su autodefensa.
Para el especialista en seguridad pública y profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, esta medida no sólo no desincentiva el delito, sino que además provocará un incremento en la tasa de homicidios provocados por armas de fuego. “Tener un arma en la casa terminará sirviendo más para que se cometan muchos homicidios entre gente inocente que para prevenir el hecho de un eventual asalto en la casa”, sostiene.
El especialista señala que Estados Unidos, donde hay muchas más libertades para que el ciudadano común acceda a un arma, presenta cifras de homicidio mucho peores a las de otras naciones europeas como Francia, Alemania o Italia, que a similares condiciones socioeconómicas, pero más restricciones, exhiben mejores indicadores. Por lo tanto, asegura que la experiencia internacional no avala la tesis de que un acceso más libre disuada el delito. Al contrario.
“Así como un ciudadano bien intencionado accede a un arma, obviamente un delincuente tendrá mayores probabilidades de hacerlo, creándole un mercado para que acceda a estas”, afirma. Por lo tanto, es partidario de “reforzar la restricción y hacer difícil el acceso a cualquier persona porque, de lo contrario, tendremos una sociedad llena de armas donde frente a cualquier conflicto se podrá usar porque es un elemento más que estará disponible”.
En ese sentido, se refiere a situaciones como el tiroteo en Las Vegas, que sucedió en el mes de octubre, o el del casino Monticello, ocurrido en julio, para ejemplificar los riesgos que implica que ciudadanos comunes accedan libremente a las armas de fuego. “Esta sería una medida en el supuesto de que ladrones ingresen al hogar, cuando la probabilidad de que eso suceda es muy baja. En cambio, la probabilidad de que con esa arma se termine matando gente inocente por un momento de ofuscación nos dejará con un mal mayor que quedará instalado”, enfatiza.
El profesor Araya indica que para elaborar una política pública en la materia, no puede primar el ejemplo “dramático” que menciona Kast, respecto a un delito que no sería estadísticamente significativo. A su juicio, se debe ponderar el efecto que causaría una norma de este tipo en la población en general. “El perjuicio que traerá para la sociedad en su conjunto es que tendremos un crecimiento e incremento de homicidios con armas de fuego”, insiste.
“No conozco ningún estudio que diga que la mayor tenencia de armas por parte de la población sea un desincentivo para la delincuencia”, concluye.
