La experta en gestión curricular y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Andrea Rodríguez, reconoce que la ley, que permitirá que los establecimientos dejen de ser administrados por municipios, plantea un cambio importante en la institucionalidad de la gestión de la educación pública, cuestión que no ocurría hace 37 años. Sin embargo, enfatiza que se deben también entregar recursos para que el Ministerio de Educación se haga cargo del fortalecimiento de las competencias de los profesores y de los directivos, pues de lo contrario no se lograrán mejoras concretas relativas a la calidad y a la gestión pedagógica.
El Congreso aprobó esta semana el proyecto de Ley que crea el sistema de Nueva Educación Pública, que permitirá que 5 mil 200 colegios que dependen de los municipios pasen al Estado, a través de la administración en red realizada por 70 Servicios Locales de Educación. El sistema de educación municipal duró 37 años y, según el Gobierno, se extenderá solo hasta 2030.
Para la experta en gestión curricular y académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile, Dra. Andrea Rodríguez, que el Estado administre los colegios en vez de los municipios representa “un cambio importante en la institucionalidad y en cómo se ha gestionado la educación pública, a través de este nuevo sistema de educación”.
Sin embargo, advierte que la modificación será superficial si no se trabaja para mejorar los contenidos y el fondo de la gestión pedagógica, aspectos fundamentales para incrementar los niveles de calidad. “Se sigue entendiendo que la calidad se expresa en resultados medidos de manera estandarizada, a través del Simce”, afirma. En ese mismo sentido, agrega que debe modificarse el sistema de financiamiento de la educación.
“Uno de los fundamentos que se plantea es que con los Servicios Locales se elimina la competencia, pero en el fondo se sigue manteniendo. Se robustece a los municipios, agrupándolos, pero siguen compitiendo unos establecimientos con otros, porque el mecanismo de financiamiento sigue siendo a través de la demanda. No hay un financiamiento garantizado”, explica.
Aunque insiste en que el cambio supone mejores capacidades para gestionar pedagógicamente los establecimientos educacionales, indica que no se advierte cómo el Estado fortalecerá las capacidades y las competencias de directivos y profesores, ya que el proyecto no entrega al Mineduc recursos y capital humano para hacerlo, ni tampoco resuelve la participación de terceros en los procesos de asesoramiento o fortalecimiento de dichas competencias.
“Se dice que los establecimientos vuelven al Estado, pero, en definitiva, son los asesores externos y las Agencias Técnicas Educativas (ATE) las que terminan interviniendo los establecimientos”, explica.
Por lo tanto, sostiene que es necesario, a futuro, considerar las particularidades de cada proyecto educativo, a fin de no someter a todos los establecimientos a esta externalización. “Los problemas pueden seguir reproduciéndose, y está el peligro de que terminemos haciendo cambios que no son tan profundos”, advierte.
