El especialista en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, sostiene que el caso en el que se imputarían a más de 80 personas, como proyecta la Fiscalía, “debilita todo el sistema de justicia criminal en el país”. Para evitar que la situación se repita, plantea la necesidad de una “gran reforma” donde labores distintas a las de orden y seguridad sean realizadas por empresas privadas a través de licitaciones públicas, recuperando entre un 60 y 80% del personal que actualmente se dedica a estas funciones.
La Fiscalía anunció que los imputados por el caso de fraude en Carabineros podrían alcanzar más de 80 personas, acumulando un monto defraudado cercano a los $19 mil millones.
Para el experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, esta situación es “grave” y revela que “había una red de asociación ilícita en Carabineros para cometer delitos”.
“Se pone en jaque la fe pública y se debilita todo el sistema de justicia criminal en el país”, critica. Por eso, señala que el tema “amerita una gran reforma policial que debe abordarse no solo con las propias iniciativas que ellos tienen, sino que también con la participación de expertos y distintos actores de la sociedad civil”.
“Carabineros es una institución con un régimen militar”, explica Araya. “Quienes trabajan ahí no son simples profesionales contratados por una cantidad de horas. Tienen que estar disponibles el día completo, si la institución los necesita”.
En ese sentido, indica que “buena parte de los funcionarios de la institución están cumpliendo labores administrativas”. “Entre un 60 a 80% de los funcionarios policiales, en vez de ejercer funciones de orden y seguridad, como debieran, están realizando estas labores”, especifica.
“La contabilidad, la mantención y el aseo de los cuarteles depende del mismo personal policial”, critica. “Buena parte de los recursos policiales están en labores administrativas o auxiliares, muchas de las cuales debieran ser externalizadas”, plantea.
Por eso, propone “licitar con empresas privadas, para recuperar a todo ese personal que realiza labores administrativas de manera que cumplan las funciones de presencia en el territorio, de prevención del delito, de investigación y persecución criminal”.
“Eso implica una reingeniería completa de la institución, y logra llegar a mayores niveles de transparencia y, por lo tanto, de eficiencia en el uso de los recursos”, destaca.
“Cada vez que se inicia un nuevo Gobierno, se promete una cantidad nueva de funcionarios y está bien, pero la verdad es que solo se lograría una mayor cantidad de carabineros en labores de orden y seguridad si se libera a muchos funcionarios de labores administrativas o auxiliares que cumplen en la institución”, insiste.
Para el experto, licitar a empresas privadas las funciones de una entidad pública no es problema toda vez que “el Estado tiene un procedimiento estandarizado y normado que se relaciona con el mercado público a través de Chile Compra, donde se opera a través de convenio marco con las alternativas que existen”.
No obstante, indica que para lograr esto se requiere “un acuerdo de Estado que cruce todos los sectores políticos del país para lograr acordar una reforma”.
“Es muy difícil entrar a Carabineros, porque se rige por una Ley Orgánica Constitucional, por lo que se requieren altos quórums en el parlamento para realizar reformas”, sostiene.
