El especialista en seguridad pública y profesor de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, indica que la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad de 2016 revela que los niveles de victimización siguen siendo altos y que “no se están invirtiendo los recursos necesarios para enfrentar este tema”, en alusión a la reducción de $15 mil millones en el presupuesto para la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Además, advierte que la menor presentación de denuncias no se debe a una reducción del delito, sino a una menor confianza en el sistema. En ese sentido, sostiene que el caso de fraude en Carabineros podría disminuir aún más la disposición de la población para realizar este trámite.
La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de 2016 reveló que la victimización alcanza un 27,3% de los hogares. El Gobierno destacó el resultado, señalando que “estamos en el camino correcto como Gobierno, atendiendo tanto los temas de delincuencia como incivilidades”.
Sin embargo, para el experto en seguridad pública y profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, “estamos en niveles de victimización altos y uno desearía un avance más significativo en un tema tan sensible para la población”. De hecho, la cifra es la más alta desde 2011 y ha aumentado 4,5% desde 2013.
Según el especialista, estas cifras revelan “que un tercio de la población nacional ha sido víctima de un delito durante el año 2016”. Además, explica que “esas situaciones son acumulativas, por lo que uno puede llegar a la conclusión de que, en el transcurso de cuatro años, a todas las familias del país les tocó que uno de sus miembros fuera víctima de un delito”.
¿Puede el Gobierno afirmar que va “en el camino correcto” en esta materia? Para Araya, “no se está yendo por el camino correcto porque no hay recursos suficientes”. El experto critica: “este año sucedió una cosa muy grave: la Subsecretaria de Prevención del Delito redujo su presupuesto, desde los $55 mil millones que tuvo en 2015-2016 a 39 mil millones de pesos para este año”.
“El tema necesita más recursos y un mayor compromiso de parte de las autoridades de Gobierno”, indica. “En este tema, en que se necesita un compromiso más permanente y profundo, ha sido débil la apuesta del Gobierno”, insiste.
No obstante, advierte que el tema no debe politizarse. “La administración anterior no tiene autoridad en este tema porque le fue mal también, pero eso no significa que el Gobierno actual pueda cantar victoria”, afirma.
“Lo que nos alegraría”, continúa, “es que se observara una disminución en los delitos, pero la cifra de ahora no permite afirmar una cosa ni la otra, porque la pequeña variación de 2015 a 2016 no es estadísticamente significativa”.
Denuncias
Por otra parte, la encuesta reveló una baja en las denuncias, de 43,5% a 39,5%. Para Araya, “la ENUSC nos está diciendo que toda esa disminución se debió a gente que fue victimizada, pero no quiso hacer la denuncia por falta de confianza en el sistema o no tener expectativas de que se vaya a hacer algo”.
En ese sentido, advierte que el caso de fraude en Carabineros puede seguir “afectando la disposición de la gente a hacer la denuncia” ya que “el hecho de que una persona vaya a hacer el trámite está condicionado por la confianza que tiene la gente en las instituciones del Estado”.
Clonación de tarjetas y estafas telefónicas
Uno de los delitos que más experimentó aumento fue la clonación de tarjetas bancarias, que pasó de una victimización de 2,3% en 2015 a 3,6% el año pasado. Por su parte, las estafas telefónicas subieron de un 4,1% a un 5,1%.
Para Araya, esta situación se asocia a un “desplazamiento delictual”. “A veces, son los mismos delincuentes, quienes ven dificultades para robar cajeros automáticos porque se han aumentado las medidas de seguridad, y migran hacia la clonación de tarjetas”, explica.
“El delito cibernético, la seguridad de las redes sociales y la seguridad de todos los sistemas electrónicos es un tema de desafío país”, sostiene. “Estamos ante la emergencia de la aparición de nuevas figuras delictuales que van a ir adquiriendo más peso y protagonismo”, agrega.
Por eso, sostiene que urge “más equipamiento, recursos tecnológicos para asegurar estos sistemas y reforzar las brigadas de ambas policías, que permitan abordar este tipo de delitos”.
“Capacidades hay, pero son insuficientes en la medida que este tipo de delitos está siendo cada vez más frecuente y afecta más masivamente”, concluye.
