El académico de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, afirma que las altas utilidades que reportaron las instituciones privadas en 2016 -un 54% más que en 2015- dan cuenta de la necesidad de establecer un control más agudo sobre el precio de sus planes y las condiciones que establecen para afiliarse. “En salud, hay que tener un poco más de pudor y revisar que no se produzcan ganancias o aumentos excesivos”, critica.
Seis de las siete Isapre abiertas durante 2016 reportaron cerca de $50 mil millones en utilidades en 2016. Esto representa un aumento del 54% respecto de 2015.
Para el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía (FAE) de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, estos valores dan cuenta de la necesidad de aumentar la regulación sobre estas aseguradoras.
“Hay que fijar un estándar respecto de cuáles son los precios posibles de cobrar por las Isapre y revisar las condiciones por las cuales los suben”, afirma.
“Aunque se ha avanzado algo, todavía hay una diversidad de planes y dificultades para que la gente sepa qué es lo que está pagando y si equivale a los costos”, agrega.
Para el especialista, los montos que reportan solo pueden compararse con los que genera el retail o el comercio en general. “Este es un servicio de salud y es ahí donde se complica el análisis de estos montos”, sostiene.
Tal como se presenta la situación, el economista sostiene que la salud privada es percibida como “un buen sector para que un inversionista compre las acciones de estas empresas”.
“En salud, hay que tener un poco más de pudor y revisar que no se produzcan ganancias o aumentos excesivos”, critica.
“Hace alrededor de diez años que se discute si es necesario fijar precios únicos o establecer un control de los precios, no para evitar que obtengan ganancias, sino para regular las distintas condiciones que ellos establecen”, insiste.
“Los planes que ofrecen son cada vez más caros para aquellos que presentan prevalencia o enfermedades previas”, señala.
Sin embargo, reconoce que estas medidas no son prioridad ni para el Gobierno ni para el Congreso. “Hay una debilidad política en términos de avanzar rápido con la regulación de este sistema, y ligarlo con lo que es Fonasa. No se pueden resolver los problemas de uno sin mirar al otro”, sostiene.
El académico explica que “si el sistema público tuviera una mayor cantidad de recursos para poder atender a la población en buenas condiciones, la gente no se iría a pagar valores adicionales en otros planes”.
“No solo hay que apuntar a las Isapres, que son empresas privadas, sino también a Fonasa, que atiende a un porcentaje bastante más alto de la población”, concluye.
