El psiquiatra y decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Humberto Guajardo, afirma que la norma aprobada en el Senado, que sanciona agresiones sin necesidad de lesiones, es solo un primer paso para enfrentar el problema. A su juicio, la disposición debe contemplar más recursos para la preparación y contratación de personal especializado en el cuidado de niños y adultos mayores.
El Senado aprobó el proyecto de ley que sanciona el maltrato contra niños, niñas y adolescentes, discapacitados y adultos mayores, sin necesidad de que sea necesario acreditar reiteración de conductas o constatación de lesiones.
Al respecto, el psiquiatra y decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Humberto Guajardo, valora la iniciativa, pero señala que aún quedan aspectos relevantes por precisar. “Ni la población ni el Parlamento ni el Gobierno se pueden quedar con que esta ley solucionará el problema. Este es solo un primerísimo primer paso. Faltan muchas cosas que quedan fuera”, afirma.
De acuerdo al especialista en salud mental, uno de estos aspectos que se requiere es considerar una mayor cantidad de presupuesto. “Esto debe ser iniciativa del Gobierno. La ley requiere muchos recursos para contratar personal especializado”.
El Dr. Guajardo explica que “el maltrato muchas veces tiene que ver con una falta de capacitación ética y profesional que, muchas veces, tienen las personas que ofrecen esta atención”. Por lo tanto, “se requieren recursos para disponer de un personal bien preparado y bien pagado, que conozca métodos modernos para atender a esta población”.
El decano apunta, en concreto, a una mayor cantidad de psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales en las instituciones que trabajan con menores y adultos mayores, además de “un permanente asesoramiento y supervisión de los tratamientos que realizan”.
“No puede ser que si un niño se descontrola o un anciano está agitado, a lo primero que se recurra sea a contenerlo o amarrarlo. Existen otras técnicas y medicamentos adecuados para que no sufran cuando están en un estado de crisis”, critica.
Agrega que la falta de personal en estas instituciones se evidencia en la sobrecarga laboral de quienes ya trabajan en estas labores, circunstancia que provoca que “desarrollen alteraciones en su equilibrio mental, lo que puede significar que sean más agresivos y violentos, y no sean capaces de enfrentar una situación de manera adecuada”.
La ley debe precisar lo que se entiende por “maltrato relevante”
El psiquiatra señala que también es importante que se especifique mejor la figura de “maltrato relevante” que sanciona la normativa, a efecto de no caer en ambigüedades.
“Hace años, la legislación hablaba de que los padres podían dar al niño un castigo moderado, pero nadie medía lo que eso significaba. Era muy subjetivo”, ejemplifica. “Hoy, en lo que se acaba de legislar, no está definido lo que se considera un daño “relevante”. Queda un tanto en el aire qué es lo que se puede considerar un maltrato de estas características”, critica.
Por eso, indica que es prioritario establecer un método para “medir un daño psicológico”. “Lo que se debe revisar es cómo se medirá este tipo de agresión y si el personal tuvo otras alternativas o la preparación para actuar de determinada manera. Además, hay que determinar qué se entenderá por daño, cuál es la forma de intervenir y cómo se va a capacitar el personal”, sintetiza.
No bastan las leyes
“Es muy difícil decir que alguien está a favor del maltrato. No obstante, hemos visto que se sacan medidas como Tolerancia 0 o la Ley Emilia, pero la gente persiste en sus conductas. Las leyes por sí solas no bastan”, sostiene.
“Es un proyecto interesante, pero se quedó corto y si uno quiere resolver a fondo el problema, se necesitan muchas otras medidas que no están contempladas”, concluye.
