Un significativo número de familias de nuestro país, vive por estos días, el trascendental paso de sus hijos/as desde la Educación Media hacia la Educación Superior. Un hecho de aquellos que marcan un momento en la vida como el inicio del camino hacia la realización profesional y personal en el mundo del saber y del conocimiento.
Hace dos años atrás, la vivencia de este proceso podría haber significado un complejo problema para estas familias, pues la atención de sus padres se centraba en el mecanismo de endeudamiento que se debía “elegir” para poder financiar los aranceles que conlleva el ingreso a la Educación Superior. Sin embargo, el definir la Educación como un Derecho de las personas ha permitido avanzar, entre otras cosas, en la posibilidad de los chilenos/as pertenecientes a los sectores de la población de menores ingresos económicos a estudiar en forma gratuita.
La Ministra Adriana del Piano ha señalado que a la fecha cerca de 95.000 estudiantes se han matriculado en las instituciones adscritas al sistema y han ejercido el derecho a la educación mediante la gratuidad. De este numero de matriculas un 58,5% lo han efectuado en carreras técnicos profesionales y el 62% son de las distintas regiones del país y no de Santiago.
Estas cifras reflejan un incremento considerable a lo acontecido el año anterior cuando se implemento este proceso revolucionario de cambio para Chile, y seguirá aumentando cuando en mayo se realice una nueva etapa de asignación de gratuidad.
En definitiva, pese a las complejidades y discusiones que tuvieron lugar en su momento en el debate parlamentario y social, la gratuidad llegó a nuestro país para quedarse, y no cabe duda que cada vez se irá incrementando a mayores porcentajes de la población para que efectivamente consolidemos un Derecho Social elemental y determinante para la calidad de vida de las personas.
La Educación, cambiará la forma de desarrollarnos y entendernos de los Chilenos/as, y por cierto la gratuidad es sólo un elemento de este gran proceso revolucionario que inicia nuestra sociedad. Y si aquello, lo sumamos a los necesarios y permanentes cambios en salud, trabajo, vivienda y otros derechos sociales, nos permitirá igualar las oportunidades y garantizar un país más justo.
Carlos Galleguillos Carvajal
Abogado
Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos
