– El experto en marketing de servicios y comportamiento del consumidor de la Universidad de Santiago, Enrique Marinao, critica que el ministro de Economía rechace de plano la posibilidad de normar estos cobros, pese al alza provocada tras la puesta en marcha de la nueva ley de estacionamientos. “El empresario sube el precio sin importar el servicio añadido que está presentándole al consumidor, y el Estado le hace el quite al tema. ¿Qué les queda a los consumidores? Se ven forzados a usarlos, porque no tienen mayor poder de elección”, afirma.
La semana pasada se puso en marcha la controvertida nueva ley de estacionamientos, que cambia el cobro para el uso de aparcaderos en malls, supermercados y centros de salud según dos criterios: minutos efectivos de utilización o cobro por tramos, si es que el usuario excede los 30 minutos de uso. En este último caso, se puede redondear solo si beneficia al usuario. Anteriormente, el cobro solo era por tramos. La normativa puso en evidencia que muchos centros comerciales del sector oriente han subido sus valores, lo que dio paso al debate sobre si deben o no regularse los precios en este servicio. Al respecto, el ministro de Economía descartó de plano que se puedan establecer una fijación de precios en el país.
Al respecto, el economista de la Universidad de Santiago, Enrique Marinao, es contrario a la opinión del secretario de Estado. “Estamos en condiciones de que se dé una regulación de precios”, sostiene.
El especialista en marketing de servicios y comportamiento del consumidor explica que “el consumidor no tiene la opción de decidir el estacionamiento a ocupar, porque ya están geográficamente establecidos”.
“Un enfermo obligatoriamente debe ocupar el estacionamiento de un recinto de salud determinado. El consumidor no tiene opciones tan de libre mercado como se quiere hacer entender”, ejemplifica.
Además, indica que “en una economía de libre mercado, se prevé que los actores tienen espacio de libertad para subir sus precios en función de los servicios que prestan”, por lo que “se podría intervenir en la regulación de los servicios en función de los atributos y características que se están prestando en los distintos estacionamientos”.
El experto indica que una opción a considerar es establecer una banda de precios. “La banda de precios ofrece una mayor flexibilidad, donde el empresario puede adherirse a ese intervalo, siendo explícito y transparente, y que un mayor cobro se traduzca en servicios anexos”, afirma.
Uno de los mayores beneficios de esta opción, indica Marinao, es que “obliga a transparentar los atributos específicos en que se basan para subir el precio”. Entre estos, seguridad, condiciones del recinto -si tiene techo o aire acondicionado, por ejemplo-, servicios de limpieza, accesos expeditos, etcétera.
El académico critica que “actualmente, solo estamos pagando los metros cuadrados que ocupa un vehículo, sin ninguna característica más, una atención diferenciada que justifique que se cobre más. Parece que en Chile esto da exactamente lo mismo”, critica.
Finalmente, sostiene que “en esta ambigüedad, donde el Gobierno a través de su ministro de Economía dice que no podemos regular los precios, los consumidores quedan totalmente indefensos, porque el empresario tampoco asume la responsabilidad de ofrecer mayores atributos o características en beneficio del consumidor”.
Agrega que “el empresario sube el precio sin importar el servicio añadido que está presentándole al consumidor, y el Estado le hace el quite al tema. ¿Qué les queda a los consumidores? Se ven forzados a usarlos, porque no tienen mayor poder de elección”.
“Las ambigüedades generan espacio para que exista una posible colusión, carteles de precio en determinados sectores de Santiago, y los consumidores tendrán que pagar sí o sí”, concluye.
