En relación a un estudio encargado por el Gobierno donde más un 54% cree que sanciones más severas disminuyen el crimen, el especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, subraya que el marco jurídico chileno ya comprende castigos más severos que otras legislaciones de Latinoamérica y de países de la OCDE. “El fondo del problema es la escasa efectividad que está teniendo el sistema -Policías, Fiscalías y, finalmente, los Tribunales- para identificar a los responsables, probar el delito y llevarlo luego a una sentencia definitiva condenatoria”, afirma.
Un estudio encargado por el Ministerio de Justicia arrojó que más de la mitad de los encuestados (54%) está de acuerdo en que la delincuencia “se debe atacar aplicando sanciones más estrictas a las personas que han cometido delito”, enfoque que prima sobre alternativas como la reinserción, la mejora de las condiciones económicas y el aumento de cárceles y de dotación policial y judicial. En ese sentido, la mitad cree que la causa del fenómeno está asociada a las “sanciones débiles que aplican los jueces”. El sondeo concluye que las personas perciben a los tribunales como “indulgentes”.
Para el especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, la percepción de las personas no es del todo correcta, ya que “la gente siente que nuestra legislación está aplicando sanciones débiles, pero si uno compara el marco jurídico nacional con otros, la magnitud de la pena en Chile tiende a ser más alta que el promedio que se aplica en Latinoamérica y, claramente, superior a las que se aplican en países de la OCDE”.
Además, señala que la experiencia internacional arroja que “la racionalidad de los delincuentes no llega a la sofisticación de calcular cuántos años de condena van a tener si comete un delito y no otro”, ya que “la racionalidad del delincuente es asumir que está inserto en este mundo delictual y que es su forma de ‘ganarse la vida’. Por lo tanto, difícilmente, aumentar las penas tendrá el impacto preventivo que se desea”.
Por otra parte, sostiene que penas más altas implican que menos gente salga de las cárceles, por lo cual las capacidades de albergar más población penal en los recintos penitenciarios, que ya tienen problemas de hacinamiento, se verían reducidas.
Finalmente, explica que las cárceles no cuentan con sistemas de reinserción, por lo cual entrar en estos establecimientos de privación de libertad puede, incluso, terminar por reproducir el delito.
Mejorar la investigación criminal
En vez de esto, el experto sostiene que una mejor opción es mejorar las capacidades de investigación para aumentar la calidad de las pruebas contra un detenido, de manera de generar un “ambiente de mayor control” para inhibir el crimen.
“Cuando el delincuente percibe una mayor efectividad del sistema de justicia criminal -es decir, que efectivamente la Policía está actuando de una manera muy asertiva para identificar a los responsables-, eso sí lo percibe la delincuencia”, asegura.
Agrega que “el fondo del problema es la escasa efectividad que está teniendo el sistema -Policías, Fiscalías y, finalmente, los Tribunales- para identificar a los responsables, probar el delito y llevarlo luego a una sentencia definitiva condenatoria”, afirma.
Por eso, indica que es urgente avanzar en el plan de fortalecimiento del Ministerio Público que fue aprobado y que permitirá “constituir unidades profesionales especializadas en investigación criminal para puedan recoger y acopiar las pruebas necesarias”, indica.
Finalmente, el académico señala que el problema de que se perciba a los tribunales como “indulgentes” es un tema de falta de información del cual la institución debiera hacerse cargo. “Sería bueno que se publique el rango de penas que se aplica en Chile dependiendo del tipo de delito. Eso podría ser ilustrativo para que la gente confirme que no estamos al debe en esta materia, sino en un nivel bastante estricto en términos de penalidad”.
