Tras los últimos acontecimientos judiciales en el caso Luchsinger Mackay, el especialista de la Universidad de Santiago de Chile, Claudio Avendaño, sostiene que existen múltiples partes interesadas que buscan imponer su visión sobre el problema en la zona. “No hay que entender esto como posiciones que son más o menos ciertas, sino como un juego político de ciertos actores”, afirma.
La familia Luchsinger Mackay dio a conocer una carta donde solicita al Gobierno que deje de ser parte querellante del caso. Esto, luego de que la Intendencia defendiera el recurso de amparo sobre la imputada Francisca Linconao, pese a ser uno de los actores que busca responsabilidades penales en este episodio. La medida buscaba que la machi depusiera su huelga de hambre que inició el 23 de diciembre.
Al respecto, el sociólogo de la Universidad de Santiago de Chile, Claudio Avendaño, sostiene que, en general, “lo que hace falta es una visión integral” que integre la perspectiva de los distintos actores interesados en resolver el conflicto en La Araucanía. “Ver el tema desde una mirada más amplia”, insiste.
De acuerdo al experto, en el conflicto en la zona intervienen “el pueblo mapuche, el Estado y algunas empresas privadas. Es en ese contexto que debe entenderse esta coyuntura” y agrega que “no hay que entender esto como posiciones que son más o menos ciertas, sino como un juego político de ciertos actores”.
En alusión a casos como el de los Luchsinger Mackay, señala que “el marco desde el cual construyen su punto de vista es desde la perspectiva jurídica, pero hay que entender que el tema es más amplio y tiene que ver con lo político, económico, cultural y social”.
“Cuando se enfatiza en el derecho a la propiedad, obviamente hay una posición a favor de determinado actor en el problema”, explica. “Aquí lo que hay en juego son distintas visiones de sociedad, de derechos de ciertos grupos y el valor de la propiedad por sobre otros”, complementa.
“Son operaciones socio simbólicas por definir la realidad de una manera que obedece a ciertos puntos de vista particulares y no al conjunto de actores que viven esa situación”, continúa Avendaño. “Aquí lo que hay es una lectura interesada que hay que empezar a poner en cuestión, porque los ciudadanos solo verán desde un solo punto de vista y no desde el general, de todos los actores que participan en el tema”, recalca.
“Es un sesgo decir que los últimos gobiernos no han manejado adecuadamente el problema o no han leído ni entregado una propuesta integral, sino que sucesivos Gobiernos han abordado de manera parcial e interesada el conflicto”, sintetiza.
En ese sentido, sostiene que se ha entendido la violencia solo como una acción contra la propiedad privada, dejando de lado arbitrariamente otras acepciones del término. “¿Es violento que a un pueblo se le obligue a renunciar a sus creencias ancestrales e históricas? La respuesta es obvia”, ejemplifica.
Agrega que “la iglesia también ha hablado violencia institucionalizada, no solo física sino la que se ejerce cuando las personas viven sin acceso a sus derechos mínimos”, en alusión a los altos niveles de pobreza en la región.
“Lo que habría que poner en cuestión es por qué esos hechos no son considerados violentos, por qué se tiende a ubicar la violencia en un aspecto puntual y no se contextualiza”, critica.
“Se ha ido construyendo una visión del tema que ya es sesgada, porque hace aparecer a un grupo como irracional, conflictivo, violento y no se dejan ver o se visibilizan las bases de lo que estamos viviendo ahora”, concluye.
