El especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, cuestionó la disminución de 6,6% en los ilícitos celebrada por el Ministerio del Interior, ya que se basa solo en denuncias sin considerar que casi la mitad de las personas no realiza el trámite por desconfianza hacia el sistema. “La Encuesta Nacional Urbana, que nos habla de magnitudes reales, puede mostrarnos una población afectada equivalente al doble de lo que dicen las denuncias”, anticipa.
El Gobierno se declaró “conforme” tras dar a conocer que los delitos de mayor connotación social disminuyeron un 6,6% este 2016, en comparación al año anterior. Sin embargo, parlamentarios de la oposición y el oficialismo salieron a cuestionar este balance, señalando que se debe esperar la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que mide victimización. Esto, explican, ya que la cifra se basa solo en las denuncias y casos notificados a las policías, lo que escondería el dato de quienes, a pesar de ser víctimas de la delincuencia, no realizan este trámite por distintas razones.
El experto en seguridad pública y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Jorge Araya, concuerda en la crítica de que solo se toma en consideración los delitos denunciados y cuestiona que la información se dé a conocer cuando aún no ha terminado el mes de diciembre. “Hay mucho apresuramiento en una información que es errónea, sobre todo en el caso de los homicidios”, sostiene.
De acuerdo al especialista, una entrega correcta de los resultados debe considerar la información que arroja la ENUSC, encuesta que debiera conocerse entre marzo y abril del próximo año. Esto, ya que este último estudio contempla el 45% de personas que no denunciaría ser víctima de delitos, por desconfianza hacia el sistema.
“Según el boletín estadístico del Ministerio Público de 2015, solo un 14,6% de los casos llegó a sentencia definitiva condenatoria. Tenemos una gran impunidad y vacío en esto”, apunta.
Por eso, Araya indica que es mejor esperar los resultados que entregue “la ENUSC, que nos habla de magnitudes reales, las cuales pueden ser muy superiores” y advierte que “la encuesta nos puede hablar de una población afectada equivalente al doble de lo que dicen las denuncias”.
“En la década de 1960 se crearon las encuestas de victimización como una forma más certera de dar con la dimensión real de la delincuencia en el país, porque la cifra de denuncias tiene un tremendo margen de error”, indica el académico.
“Hay que ser prudente con estos anuncios porque el tema no está zanjado”, continúa. “El Gobierno da a conocer esta información, pero es curioso porque el año aún no termina. Habría que esperar a que termine diciembre y que todas esas cifras estén contabilizadas”, afirma.
“No se entiende bien qué cierre en la contabilidad está haciendo el Gobierno al decir que hay un descenso del 6,6%”, insiste.
Aunque reconoce que hay una obligación legal de citar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde fueron dadas a conocer estas cifras, señala que “todas las instituciones tienen un estándar, de esperar a que se cierre un semestre o un año para dar a conocer cifras. En este caso, estamos a días de que termine el año y las cifras no están todavía para hacer un balance anual. Sin embargo, el Gobierno aparece dando estos resultados”.
“Hay una premura por anotarse logros en una materia, cuando no es prudente hacerlo”, sostiene Araya. “Siempre los temas de política pública se prestan para una discusión política. En este caso, el Gobierno tiene una intención de anotarse un logro en esta materia, logro que no es tal”, critica.
“Hay mucho apresuramiento en una información que es errónea, sobre todo en el caso de los homicidios”, agrega el especialista.
El académico alude a cifras del Gobierno, que darían cuenta de poco más de cien casos de este tipo de crimen. “Según cifras del Ministerio Público, de enero a septiembre de 2016 van 387 ingresos por homicidios solo en la Región Metropolitana”, contrasta.
“La cifra de homicidios es absolutamente irreal. Cualquier persona que trabaja en el tema sabe que los homicidios no se pueden medir por la cifra de denuncias, porque las víctimas no pueden realizar el trámite. Además, Carabineros no tiene autoridad jurídica para calificar estos hechos”, concluye.
