La ginecóloga de la Universidad de Santiago, Ivonne Narváez, sostiene que la iniciativa aprobada por la comisión de Salud del Senado debe contemplar más personal e implementos producto del aumento de consultas que conllevaría esta iniciativa, de ser despachada por el Congreso. “También hay que considerar que dentro de los profesionales de la salud puede existir la objeción de conciencia. Eso conlleva a que otro profesional asuma ese rol”, afirma.
Por tres votos a dos, la comisión de Salud del Senado aprobó este martes y en general el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación. La iniciativa continuará su discusión en la comisión de Constitución de la Cámara Alta.
Al respecto, la ginecóloga y subdirectora de docencia de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Ivonne Narváez, advierte que la iniciativa implicará una mayor cantidad de consultas por estos casos, por lo que debe contemplar “una mayor inyección de recursos para el sector público porque, obviamente, va a requerir más personal e implementos, tanto para el diagnóstico como para el manejo de los casos”.
La doctora Narváez señala que esta cifra se incrementará producto de la incorporación al sistema de los casos que, actualmente, no recurren al sistema de salud para realizárselos. “Hay una cantidad importante de pacientes que aun recurren a la clandestinidad para hacerse abortos”, asegura.
Además, la académica releva que el potencial personal que existe en la actualidad para tratar estos casos podría verse disminuido, dado que la iniciativa, tal como se encuentra, incluye la posibilidad de que personal médico manifieste su rechazo a realizar abortos. “También hay que considerar que dentro de los profesionales de la salud puede existir la objeción de conciencia. Eso conlleva a que otro profesional asuma ese rol”, señala.
Respecto a cuánto pueden aumentar las consultas, la experta señala que el dato es impredecible porque “las pacientes con patologías de alto riesgo y las que tienen fetos polimalformados se mantienen en control en el sistema, y por lo tanto es un número conocido, pero el misterio está en la causal de violación”.
Esto, explica Narváez, porque el proyecto podría implicar un sinceramiento de estos casos que, en la actualidad, aún permanecen con cierto grado de confidencialidad. “El tema de la violación es en sí es un punto bastante delicado del proyecto de ley, porque incluso las mujeres que son violentadas sexualmente requieren de un tiempo para reconocerlo, sobre todo cuando son violentadas en su propio núcleo, lo que suele ocurrir mucho en estos casos”, asegura.
Causal de violación
Sobre este punto, la académica explica que este está motivado en el resguardo de la salud mental de las pacientes. No obstante, afirma que “se requieren precisiones respecto a cómo determinar que una mujer fue violentada sexualmente, sobre todo cuando se trata de adolescentes o niñas, sin que la tramitación de esto implique que el embarazo siga avanzando y después se haga complicado realizarlo”.
“Para realizar un aborto y que este sea seguro para la mujer, debe ser precoz. Realmente, no más allá del tercer o cuarto mes de gestación. De lo contrario, puede ser peligroso para la vida de la mujer”, agrega.
La especialista considera que el proyecto implica un avance respecto al tratamiento de las complejidades médicas que conlleva un embarazo, pero advierte que “claramente, estamos dejando de lado totalmente el aborto por decisión de la mujer a no estar embarazada. El aborto por decisión de la mujer el proyecto no lo contempla”, sostiene.
“El proyecto está enfocado desde el punto de vista médico y en términos de salud pública en situaciones que prácticamente han quedado en el aire. Hasta los años 80’s, todavía se contaba con la interrupción del embarazo en situaciones médicamente sustentables, en que el fundamento era médico”, critica.
