El economista de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, sostiene que es conveniente para la operación de Codelco reducir el aporte de 10% de sus ingresos totales a la defensa nacional. No obstante, recalca que tanto esta medida como una eventual derogación deben ser acompañadas, necesariamente, del fin del piso que establece la norma cuando la cuprífera no logra alcanzar los US$180 millones que deben entregar como aporte mínimo. “Nadie sabe si esa compensación es necesaria”, afirma.
Derogar o no derogar la Ley Reservada del Cobre. Esa es la cuestión que se ha instalado en el debate luego de que el ministro del Interior, Mario Fernández, reconociera que el Gobierno está “abierto” para que la norma que financia a las Fuerzas Armadas se revise o, incluso, se derogue.
Al respecto, el economista de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, sostiene que es conveniente para la operación de Codelco reducir el porcentaje que aporta a la defensa nacional a través de este instrumento -un 10% de sus ingresos totales-, pero recalca que esto debe ser acompañado del fin del piso que establece la norma, en caso que la cuprífera no logre entregar los US$180 millones que define el cuerpo legal como aporte mínimo.
Para el experto en economía de las políticas públicas, una Ley Reservada del Cobre que establezca un porcentaje menor que al 10% “aminora la situación de inestabilidad y de impacto en Codelco, pero esto debe ser sin pisos u otros términos similares, pues nadie sabe si esa compensación es necesaria”, afirma.
El académico de la Facultad de Administración y Economía del plantel estatal advierte que aun en el caso en que la ley fuera derogada, si no se revisa el piso de recursos que se entregan a las Fuerzas Armadas, “el Estado tendría que seguir comprometiéndose con cifras altas en términos de defensa”. Por ello, explica que una modificación en estos términos no tendría un gran impacto.
“Si los recursos de la Ley Reservada del Cobre llegan a los fondos fiscales en términos de utilidades, vamos a tener recursos disponibles que el Estado decidirá en qué los gasta, pero si los sigue gastando en la misma magnitud con que hoy se está financiando a las Fuerzas Armadas, no va a haber ningún cambio notable. Va a haber un poco más de transparencia, pero solo un poco, porque los gastos militares no pueden ser muy transparentes”, complementa.
“Habría que pensar si todos esos recursos tienen que estar a disposición de las Fuerzas Armadas y evaluar la eficiencia de lo que se hace ahí; si hay plata disponible que no se gasta, por ejemplo. Nada de eso lo sabemos con certeza”, recalca.
La carga de Codelco
De acuerdo al experto, el principal problema de la Ley 13.196 es que carga exclusivamente a una sola compañía con el peso de financiar toda la defensa nacional. “Hoy las utilidades no están fuertes y los costos están muy cercanos a los precios de Codelco. Entonces, no se puede cargar a una empresa en particular, por estatal que sea, a financiar poniendo recursos para esto”, afirma.
Por eso, sostiene que “lo sano es que el Estado determine la forma adecuada de financiar la defensa nacional en una estrategia y que esos presupuestos sean plurianuales”, enfatiza. Ello, ya que, si los fondos no se establecen de acuerdo a una estrategia de defensa a largo plazo, podría contrariar justamente el carácter “reservado” de los gastos militares.
“Sacar los recursos del Presupuesto Nacional podría implicar que las Fuerzas Armadas tuvieran que ir a discutir sus planes estratégicos y militares en el Congreso. Eso es un elemento que sostienen los que apoyan el no cambio de la ley”, reconoce.
