El especialista en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, advierte que la separación del Servicio Nacional de Menores en dos instituciones, como plantea el Gobierno, solo solucionará los problemas de la entidad si la iniciativa contempla una inyección de recursos que duplique lo que actualmente se considera para prevenir el delito.
“Es bueno que aparezca este tema, porque nos lleva a ponderar cuántos recursos se destinarán para las distintas reformas, teniendo en la mesa esta necesidad, que requiere ser priorizada de manera urgente”, afirma.
El Gobierno confirmó que entre septiembre y octubre enviará al Congreso dos proyectos que buscan reemplazar el Servicio Nacional de Menores (Sename) por dos instituciones: una, el ‘Servicio de Protección Especializada’, que busca tratar a niños que padezcan de la vulneración de sus derechos u otros problemas intrafamiliares; y el ‘Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente’, que tratará a menores que hayan cometido delitos.
Para el experto en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, “el cambio de estructura no va a solucionar los problemas. Lo que va a solucionarlos será llegar a contar con los recursos suficientes para tener centros con una infraestructura cada vez más adecuada, funcionarios que puedan fiscalizar todos aquellos centros que trabajan para el Sename como corporaciones privadas, más profesionales, etcétera”.
“La separación es absolutamente lógica y necesaria, pero la solución del problema no depende solo de separar los servicios, sino que los servicios cuenten con los recursos necesarios para solucionar los problemas que existen hoy en el Sename”, insiste.
De acuerdo al especialista, este aumento debe traducirse en “duplicar los recursos que el Estado actualmente está destinando a prevención”. Según el académico, solo un 13% del presupuesto nacional en seguridad y justicia está destinado para este ítem, que no solo contempla el funcionamiento del Sename, sino que también para la Subsecretaría de Prevención del Delito o para el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), entre otros.
“Claramente, hay que hacer un aumento muy significativo de los recursos para este nuevo servicio y esto llama a una voz de alerta respecto a todas las demandas que tiene el Estado respecto a distintas materias”, afirma. “Es bueno que aparezca este tema, porque nos lleva a ponderar cuántos recursos se destinarán para las distintas reformas, teniendo en la mesa esta necesidad, que requiere ser priorizada de manera urgente”, agrega.
Renovar las plantas de profesionales
Respecto del motivo por el cual se requiere este aumento sustantivo de recursos que plantea, el especialista explica que esto se debe a que “hay que renovar las plantas de profesionales, recogiendo la experiencia de los funcionarios actuales, pero también incorporando nuevos profesionales especializados; y replantear las mallas y metodologías o terapias que estén desarrollando estos centros para lograr rehabilitaciones y el desarrollo humano de estos niños y jóvenes de manera eficiente”.
“Desde el Sename están hablando de capacitación. Obviamente, hay que capacitar a los funcionarios, pero los desafíos del servicio son más ambiciosos y exigentes. Se debe incorporar a profesionales de alto nivel que puedan reforzar todo el desarrollo profesional que deben tener, incorporando estrategias y metodologías con evidencia de su impacto en distintas partes del mundo”, complementa.
Esfuerzo multisectorial
El experto valora que los servicios se separen para abordar los derechos que se desean resguardar. No obstante, plantea que “puede haber situaciones de mayor complejidad para detectar, y que deben ser abordadas multisectorialmente por otros mecanismos”.
“Estos servicios responderán a necesidades muy sentidas para el estado de situación del sistema, pero llegar al fondo del problema también requiere de la acción de otros servicios que tienen que actuar también”, insiste.
Por eso, indica que las iniciativas del Gobierno “no eliminan la obligatoriedad del Estado de desarrollar multisectorialmente otros programas que van en la línea preventiva también. En las escuelas hay que ir desarrollando planes para eliminar la violencia escolar, que detecten problemas de violencia intrafamiliar, y poder intervenir ahí, desde la primera niñez”.
La enseñanza de la Reforma Procesal Penal
“Estos proyectos para reemplazar el Sename se vienen discutiendo desde hace varios años. La demora en impulsar los proyectos puede deberse a las estimaciones presupuestarias necesarias que debían hacerse. Lo que se dice es que la implementación será gradual, que se hará primero en regiones, como fue con la Reforma Procesal Penal. Detrás de esa decisión debe estar la prioridad por contar con los recursos económicos para eso”, indica Araya.
No obstante, advierte que “la gran falla que tuvo la Reforma Procesal Penal es que cuando se implementó, se contemplaron recursos muy significativos para ponerla en marcha, habilitando edificios nuevos para el funcionamiento de las fiscalías locales, por ejemplo. Fue una gran inversión del país. En cambio, cuando se implementó la Ley Penal Adolescente, prácticamente se hicieron pequeñas adecuaciones, pero dejando los mismos centros e infraestructura que existían antes”.
