Los Detectives además han realizado una serie de fiscalizaciones en las comunas que conforman la provincia del Limarí, a fin de prevenir el tráfico ilícito de inmigrantes.
Los Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Ovalle, en lo que va del año 2016, han realizado nueve fiscalizaciones en la provincia de Limarí, las cuales han terminado con 41 extranjeros denunciados a la autoridad administrativa.
“Los controles son constantes en todo la región de Coquimbo y de acuerdo a la estadística la mayor cantidad de denuncias ingresadas corresponden a extranjeros que exceden el plazo de turismo, mientras que en segundo lugar se encuentran los turistas trabajando sin la autorización correspondiente, por lo que el llamado es a regularizar su situación en nuestro país y así evitar alguna multa pecuniaria o la expulsión del territorio nacional”, manifestó el Comisario Raúl Muñoz, Jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Ovalle.
El objetivo de la PDI es prevenir y controlar el tráfico ilícito de inmigrantes y es por ello que los controles son constantes en los locales comerciales y nocturnos de la zona.
“En la provincia del Limarí, 182 extranjeros han registrado sus visas, mientras que otras 53 personas tienen la permanencia definitiva en nuestro país”, aseguró Muñoz.
En tanto el número de detenidos en lo que va del año 2016 en toda la Región es de 16 personas, por diferentes delitos de connotación social. Siendo las más comunes estafas, hurto, contrabando, lesiones graves, tráficos de drogas, intentar o ingresar o salir del país por pasos fronterizos no habilitados y falsificación o uso malicioso de documentos púbicos.
Los operativos preventivos para controlar el tráfico ilícito de inmigrantes se va a seguir realizando en toda la Provincia del Limarí, con la finalidad de disminuir los índices de inseguridad que existe en la población.
Además los extranjeros deben saber que al estar irregular en nuestro país, no tienen acceso al seguro de salud, AFP, y muchas veces no se respetan sus derechos laborales.
Además tienen el riesgo de ser multados por la autoridad administrativa al trabajar sin una autorización. Según publica el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, el dinero a pagar por aquellas personas que se encuentren irregular en el país va desde los $36.543 a $370.410.
Para empleadores en tanto las multas pueden llegar hasta los $730.850 si es una persona natural y $1.850.387, si es una persona jurídica.
