El economista de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, afirma que cambios en la administración de estas comisiones que cobran intermediarios implican que “el negocio ya no va a tener esos 58 mil millones de dólares de utilidades al año”, ya que su costo se traspasaría a las mismas AFP’s en vez de a sus afiliados.
No obstante, advierte que la implementación de una AFP estatal viene a ser contradictoria en este sentido, ya que “puede ser una cobradora de comisiones más baja por la administración de esos fondos”, proyecta.
Este martes, la Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer una serie de modificaciones que apuntan a perfeccionar el actual sistema de pensiones. Entre ellas, cambios en las comisiones ocultas o de intermediación para que su costo no sea asumido por los afiliados y, de esta manera, no quite recursos a sus cuentas.
El economista de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, calificó esta como la principal medida planteada por el Ejecutivo. “Va a cambiar sustancialmente las AFP’s, ya que el costo de las comisiones ocultas que se les paga a quienes manejaban los recursos era de costo de los trabajadores; ahora, puede ser asumido por ellos, por lo que el negocio ya no va a tener esos 58 mil millones de dólares de utilidades al año”, sostiene.
Aunque descarta un diagnóstico respecto de cuánto pueden caer las ganancias del sistema, asegura que, eventualmente, “tendrán que pagar las transacciones financieras que hasta ahora tercerizan, porque no tienen equipos técnicos capaces de hacerlo. Eso hasta ahora se traspasaba a los fondos de los afiliados. Ese será el elemento más central para decir que el sistema persista como privado”.
El académico de la Facultad de Administración y Economía del plantel universitario advierte que la implementación de una AFP estatal puede ser una medida contradictoria en este sentido. “Puede ser una cobradora de comisiones más baja por la administración de esos fondos. Entonces, uno puede preguntarse si la AFP estatal tendrá sentido, porque será un articulador o un elemento que permitirá bajar las comisiones”, indica.
Respecto a cómo el Estado, principal fuente de trabajo del país, financiará el alza en la tasa de cotización con cargo al empleador, el especialista afirma que ello es “un gran misterio. El ministro de Hacienda ha sido duro en señalar que no hay más recursos. Eso podría significar que si bien no hay aumento de impuestos, debería sacarse de alguno de los recursos o de los destinos de la Reforma Tributaria; eso, con cada vez menos expectativas de aumento del PIB”.
No obstante, señala que “en diez años es posible pensar en estimaciones que recuperen la economía y el rendimiento de los impuestos, y que los recursos fiscales permitan que se sigan colocando estos recursos para que el Estado no pase a ser un deudor previsional, que no pague las cotizaciones”.
Para Salas, en términos globales, las medidas “vienen a constituir la propuesta de un nuevo sistema, con correcciones sobre el manejo de los recursos por parte de las AFP’s, pero agregando recursos del sector privado-empresarial para mejorar las pensiones”.
“Se está armando un nuevo sistema distinto al anterior, pero no va a ser de reparto”, puntualiza.
“La gracia de la propuesta es que el Gobierno tomó la pelota en esta materia y, ahora, la discusión será en función de cómo llevar a cabo lo que se puede hacer hoy. Eso dará una orientación para unos 10, 20 o 30 años más. No es una discusión que se pueda hacer en dos días”, concluye.
