El especialista en comportamiento del consumidor de la Universidad de Santiago de Chile, Enrique Marinao, sostiene que la normativa es sólo “paliativa” debido a las costumbres del consumidor chileno y recomienda aplicar impuestos a estos productos con el fin de desincentivar su consumo, tal como ha ocurrido con el tabaco.
A partir del 27 de junio, todos los productos altos en calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas tendrán un disco pare. Ese día, se pondrá en vigencia la Ley de Etiquetado.
No obstante, el académico de la Universidad de Santiago y especialista en comportamiento del consumidor, Enrique Marinao, señaló que, así como está redactada, esta ley sería solo “paliativa”, descartando sus efectos en el corto plazo. “Nuestros consumidores por cultura van a leer y, en un principio, van a seguir consumiendo exactamente lo mismo. Esa medida va a tener los efectos esperados en el mediano y largo plazo, pero no es drástico”, explicó.
De acuerdo a la disposición, los envases o etiquetas de los alimentos altos en calorías, azúcares, sodio y grasas saturadas, deberán advertir en la cara principal de su envase sobre los ingredientes que contienen a través de un octógono de fondo negro y letras blancas similar a un disco ‘pare’. Además, los productos deberán indicar los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos. No obstante, para el Subdirector del Departamento de Administración del plantel estatal, estas medidas son insuficientes.
“Lo que me preocupa es que el consumidor chileno no tiene mayor educación de qué significa una alta concentración de sodio, por ejemplo”, afirmó el doctor en ciencias empresariales. “El consumidor queda invisibilizado. La racionalidad para recibir la información de los distintos etiquetados por parte del consumidor no se ha considerado”, agregó.
El experto ejemplificó este último punto señalando que “aunque funcionalmente el consumidor racionalice que una barra de chocolate tiene calorías, la información que maneja es muy difusa en este minuto”.
Por eso, se mostró partidario de que establecimientos educacionales incluyan actividades didácticas y físicas que promuevan hábitos de alimentación saludable, como señala la ley. “El Estado debe construir una campaña educacional de buena alimentación o de consumo para el buen vivir”, respaldó.
Desde la industria, los reparos a esta disposición ya han comenzado a manifestarse. De hecho, CCU criticó que la norma pudiera derivar en un impuesto específico a estos alimentos. Sin embargo, Marinao señaló que una medida de este tipo podría desincentivar el consumo de estos productos, toda vez que su aplicación redundaría en subir sus precios -como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del tabaco-.
“Yo lo encuentro recomendable. Si el objetivo de este impuesto va en cuidar la salud en términos del consumidor final, es bienvenido”, señaló el doctor en ciencias empresariales. “Para el buen consumo en virtud de la buena salud de la población, hay que aplicarle un impuesto”, insistió.
Finalmente, el experto criticó la preocupación solo por maximizar las utilidades de la industria en desmedro del consumidor para el que producen. Por eso, instó a tener una actitud más proactiva en términos de transparentar la información nutricional de estos alimentos, pensando en quienes los consumen.
“Si vamos a regular, hay que regular en términos de que el consumidor tenga la información necesaria”, sostuvo.
