El 30 de marzo de 2007 Chile firmó en la Organización de Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006).
En este acto el Estado de Chile asumió el compromiso de llevar a cabo todas las acciones que fuesen necesarias para dar cumplimento a dicha convención, en la cual, entre otras cosas, se expresa que “los Estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida”.
Por otro lado, y en vista de esta misma convención, Chile se comprometió expresamente a asegurar que las personas con discapacidad no quedarían excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, pudiendo acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones que las demás personas y dentro de su comunidad local, para lo cual deberían hacerse los ajustes razonables en función de las necesidades individuales, prestando el apoyo necesario para facilitar una formación efectiva, en entornos promotores del desarrollo personal, académico y social, en conformidad con el objetivo de la plena inclusión.
Estamos cerca de cumplir nueve años de la firma de tan importante compromiso y si bien no sería razonable desconocer que desde el año 1994 Chile ha manifestado la voluntad de promover el acceso de estudiantes con discapacidad a la educación regular, a través de diversas iniciativas, tampoco sería razonable desconocer que estas no han sido del todo efectivas, ni suficientes, ni menos universales.
Lamentablemente el número de estudiantes con necesidades de apoyo por razones de discapacidad que ha accedido, progresado y egresado de la educación regular es significativamente pequeño, mientras que las oportunidades de acceso para aquellos estudiantes con mayores necesidades de apoyo, significativas, permanentes, intensas y generalizadas, prácticamente han sido nulas, como ocurre con aquel grupo de niños, niñas y jóvenes que presentan una condición evolutiva diversa asociada al Espectro del Autismo y/o Discapacidad Intelectual.
Al respecto, hoy nadie podría desconocer que aquellos estudiantes con mayores necesidades de apoyo, vulnerables entre los vulnerables, siguen siendo segregados a centros de educación especial, los que si bien en los últimos 30 años han desplegado un servicio educativo trascendental para la calidad de vida de muchas personas con discapacidad y sus familias, no pueden seguir siendo la única oportunidad de escolarización para este colectivo, tomando en consideración que la escuela es la puerta de entrada a la inclusión social y porque Chile tiene la obligación ética de cumplir con los tratados internacionales que ha suscrito, más aun cuando estos tienen relación con los derechos humanos de sus ciudadanos.
Finalmente, ante la falta de urgencia observada entre los organismos del Estado por avanzar con eficacia y prontitud hacia una educación inclusiva efectiva y universal, solo nos queda confiar que serán las propias familias de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, ojalá apoyados por los distintos colectivos de profesionales de apoyo, quienes habrán de seguir demandando al Estado por dar cumplimiento a tan relevante Convención, con el fin de que más temprano que tarde se ponga término a la vulneración de derechos humanos que existe hoy en Chile por razones de discapacidad, demandando y construyendo juntos una verdadera cultura inclusiva, basada en la ética, el respeto, el bienestar social, el apoyo mutuo, la humanidad y la vida.
