Esta causal se suma a las dos anteriores aprobadas por la instancia que permite la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo vital de la mujer o si el feto presenta una alteración genética o congénita de carácter letal.
La Comisión de Salud aprobó en la sesión de este martes 15 de septiembre, la tercera causal -en caso de violación- contenida en el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo.
La norma aprobada por 8 votos a favor y 5 en contra, señala que en este caso la interrupción se podrá realizar dentro de las primeras doce semanas de gestación, o de las 14 semanas si se trata de una niña menor de 14 años.
El proyecto original del Ejecutivo contemplaba 18 semanas para los casos de las niñas menores de 14 años pero, finalmente, los parlamentarios de la Nueva Mayoría llegaron al acuerdo de respaldar la indicación presentada por los diputados de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón, Gabriel Silber y Víctor Torres, que rebajó a 14 semanas la interrupción en los casos de las menores.
En el debate en torno a la tercera causal, los parlamentarios señalaron en sus argumentos a favor, que esta es una situación dolorosa y afirmaron que no se puede obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de un hecho de violencia y que eso incluso constituye una tortura.
Añaden que esto no es una norma en contra de la vida sino a favor de la dignidad de las mujeres y recalcaron que esta es una decisión voluntaria. Asimismo, se enfatizó que en el caso de las niñas la verificación de los embarazos es tardía y existe falta de redes de apoyo, en referencia a la discusión sobre el número de semanas que se prevé para la interrupción del embarazo.
También rechazaron que aprobar la despenalización obstaculizaría la persecución penal del delito de violación, recordando que este es un delito de acción pública y que existe la obligación de denuncia.
Los parlamentarios que están en contra, por su parte, sostuvieron que con esta norma no se está abordando ni castigando al agresor y se atenta contra la mujer. Además, pidieron sincerar el diálogo y perseguir a los verdaderos responsables, no cortando el hilo por lo más delgado.
Sobre el derecho a elegir plantearon que no se da esa opción al que está por nacer e insisten que deja la puerta abierta a tener un vacío legal y permite que se puedan cometer abusos.
El Ejecutivo, a través de la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, remarcó que este proyecto nunca ha buscado imponer desde el Estado una decisión sino, por el contrario, abrir la posibilidad y dar la libertad a las mujeres, desde sus convicciones, para que puedan decidir.
