Regular la admisión de los estudiantes, poner fin al financiamiento compartido y al lucro en los establecimientos educacionales que reciben recursos públicos, es el objetivo de la ley de inclusión, y este 31 de agosto vence el primer plazo para que los colegios particulares subvencionados decidan terminar con el copago y acceder a la gratuidad, cuando entre en vigencia la ley, a partir de marzo de 2016.
De acuerdo al Mineduc serían 45 colegios de la región, que en esta primera etapa estarían cumpliendo con los parámetros y las categorías de ser potenciales gratuitos, en atención por ejemplo, al copago y número de alumnos, pero haciendo un llamado para que otros colegios puedan sumarse a ésta decisión.
“Es un grupo de establecimientos que están con un copago más bajo, y que pueden dar este paso. Queremos dar todas las garantías a los sostenedores. Para eso, hemos implementado un simulador financiero, en el cual, pueden ingresar sus antecedentes. Pero lo más importante, es que hemos implementado una Unidad de Apoyo a los Sostenedores. Hemos contratado a los abogados, Claudio Conejeros y Paula Campos, quienes se entrevistan en particular con cada sostenedor y despejan todas sus dudas. Queremos que los sostenedores entiendan, que para ellos también es una muy buena oportunidad de entregar un mejor servicio educativo”, afirma el Seremi de Educación, Pedro Esparza.
El abogado Claudio Conejeros informa que entre los requisitos “no hay distinción si es persona jurídica con fines de lucro o sin fines de lucro, pero tiene que tener convenio de Subvención Escolar Preferencial (SEP) vigente, y estar dirigidos a aquellos alumnos prioritarios. Al ingresar a la gratuidad se van a generar aumentos”.
El abogado Conejeros explica “que en muchos casos los colegios que decidan dejar el copago atrás, recibirán igual o más financiamiento. En cuanto al SEP prioritario se generará un aumento con un valor de un 20%, mientras que el SEP preferente tendrá un aumento de un 50%. Eso implica que existirán aportes más amplios que cuando ellos tenían copago, y en ese sentido, a muchos no les debe afectar tenerlo, al contrario a muchos les favorecerá el proyecto educativo y van a tener mayores recursos, y que la comunidad sea favorecida”.
En nuestro país la educación de los niños depende de cuánto pueden pagar sus familias, por eso, a través de la nueva Ley de Inclusión Escolar de la Reforma Educacional, que impulsa el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se quiere revertir este desigualdad, y desde marzo del 2016, incrementará los recursos a colegios públicos y subvencionados para reemplazar, de forma gradual, las mensualidades que realizan los padres a los colegios.
Se debe considerar que el 97% de los niños y niñas del país recibe recursos del Estado para financiar su educación, a través de los colegios municipales gratuitos o particulares subvencionados.
En Chile del 2018, el 93% de niños y niñas estudiarán gratis en cualquier colegio que reciba aportes del Estado. Porque el gobierno ha establecido que la educación pública es un derecho social. Por ello, la nueva Ley de Inclusión Escolar elimina las mensualidades y pagos de matrículas y las reemplaza por nuevos aportes.
El plazo final para que los colegios subvencionados decidan pasar a gratuidad, es el 31 de diciembre de 2017.
