La Dirección Regional de Coquimbo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, presentó cargos a la eléctrica, por la tardanza en la reposición del suministro, la que se extendió, en algunos casos, por varios días, tras el evento climático que afectó al centro sur del país la semana pasada.
La Dirección Regional de Coquimbo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, formuló cargos contra la empresa CONAFE, luego de presentar serios problemas en la restitución del servicio tras el frente de mal tiempo que afectó a la zona centro sur del país, entre el 5 y el 9 de agosto recién pasado.
Los cargos se refieren al incumplimiento, por parte de CONAFE, de la obligación de entregar la continuidad de suministro establecida en la normativa, lo que se tradujo en prolongados cortes de energía, los que afectaron a más de 140 mil personas.
La información fue entregada por el Director Regional de SEC Coquimbo, Carlos Herrera, quien sostuvo que “no es aceptable que por un frente de mal tiempo, que fue superado hace varios días, todavía el dia de ayer Jueves 13 de Agosto, aun quedaran cerca de 100 clientes sin suministro”.
CLARA SEÑAL
Herrera indicó que “las empresas distribuidoras tienen la responsabilidad de entregar a sus clientes un servicio continuo y seguro. Esperamos que este proceso administrativo, sea una clara señal para que CONAFE mejore sus procesos de atención frente a este tipo de eventos climáticos anunciados con antelación”.
Por su parte, el Seremi de Energía, Marcelo Salazar, subrayó que “hemos recibido el malestar de las familias y constatamos problemas serios en la recuperación del suministro eléctrico, por lo que la SEC ha iniciado esta acción sancionatoria, para dar cumplimiento a la normativa eléctrica vigente. Le exigimos a la empresa que mejore las acciones preventivas y de emergencia”.
Una vez que la empresa sea notificada, dispone de 15 días hábiles para presentar sus descargos ante la propia SEC. Dichos descargos serán analizados por los equipos del organismo fiscalizador, a fin de establecer si es que procede o no la aplicación de alguna sanción. La multa máxima a la que se expone la empresa es de 10 mil UTA (Unidades Tributarias Anuales), es decir, más de $5 mil 200 millones.
