La despenalización es la mejor manera de defender los derechos humanos de las trabajadores sexuales.
Amnistía Internacional ha comenzado a presionar a los gobiernos de los países de todo el mundo para que no castiguen a las trabajadoras sexuales, pues en algunas naciones se enfrentan a sentencias muy elevadas de prisión por ello.
Bajo el argumento de que la despenalización es la mejor manera de defender a los trabajadores sexuales de “abusos como palizas, violencia sexual, la detención arbitraria, la extorsión, el hostigamiento, la trata de personas y la prueba del VIH forzada”, el movimiento pretende la protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
“Las trabajadoras sexuales son uno de los grupos más marginados en el mundo que en la mayoría de casos se enfrentan a riesgos constantes de la discriminación, la violencia y el abuso”, comentó Salil Shetty, secretario general de la organización.
Los grupos, como la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres, con sede en Estados Unidos, afirmaron que aunque están de acuerdo con Amnistía en que no deben criminalizarse a las personas que ejercen la prostitución, la despenalización absoluta convertiría a los proxenetas en “hombres de negocios” que venderían con impunidad a las personas vulnerables.
“Es una bofetada a las sobrevivientes y los grupos que defienden los derechos de las mujeres en todo el mundo”, dijo Taina Bien-Aime, directora ejecutiva de la coalición, y agregó que su frustración no describe adecuadamente su sentir personal.
