- La denuncia fue interpuesta por el diputado electo, Francisco Eguiguren, y el concejal de Coquimbo, Guido Hernández, ya que existirían antecedentes que podrían dar cuenta de posibles fallas en el proceso de postulación.
Una denuncia ante la Contraloría General de la República, presentaron hoy el diputado electo, Francisco Eguiguren, y el concejal de Coquimbo, Guido Hernández, por presuntas fallas e irregularidades en el proceso de postulación a cargos del nuevo Servicio Local de Educación Pública (SLEP) “Puerto Cordillera”, que fusionará los departamentos de educación de las comunas de Coquimbo y Andacollo.
De acuerdo a ambos personeros de Renovación Nacional, existen antecedentes que ameritan investigar diversas anomalías, como por ejemplo, que los alcances y bases del concurso no estuvieron disponibles para los posibles interesados a través de ningún medio físico ni digital, y que tampoco dicha información fue publicada en el Portal de Empleados Públicos. Asimismo, que se desconoce quiénes postularon y se adjudicaron dichos cargos.
La denuncia –que fue patrocinada por el abogado Jorge Villar– establece que el 28 de noviembre se tuvo conocimiento de 19 perfiles de cargos, con sueldos que iban desde $900.000 hasta $2.500.000, los cuales fueron publicados durante tan sólo tres días. Asimismo, según el texto de esta presentación, “hubo profesionales que intentaron postular el día 29, y la plataforma presentó error, abortando el proceso de postulación”.
Por otra parte, el documento especifica que los perfiles de cargo en ningún caso se condicen con las competencias adquiridas y desarrolladas por los funcionarios de un Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), lo que incumpliría el compromiso del Ministerio de Educación respecto a otorgarle énfasis –en el proceso de selección– a la experiencia y carrera funcionaria; aspecto que “fue otro engaño para los trabajadores del DAEM”.
La presente denuncia sostiene que “el DAEM de Coquimbo se encuentra en paro producto del incumplimiento de acuerdos, y cambios arbitrarios realizados por el Mineduc, además de la falta total de transparencia en el proceso y contratación de quienes integrarían esta nueva organización”. Estos antecedentes permitirían sustentar ante la Contraloría la falta de trasparencia en el proceso.
“Además, es posible observar una vulneración de garantías constitucionales, a saber la de igualdad ante la ley y la de admisión a todas las funciones y empleos públicos, contenidas en el artículo 19, números 2 y 17, respectivamente, de la Constitución Política de la República”, detalla el documento, el cual finaliza argumentado que, “en virtud de los antecedentes señalados a este órgano de control, se solicita sirva disponer investigar los hechos que fundamentan la actual denuncia funcionaria”.
