El incumplimiento por parte de cualquier empleador de sus obligaciones previsionales es grave. La ley establece duras sanciones para sus infractores.
Producto de esta situación los afectados están imposibilitados de acceder a sus retiros. Además, están en Dicom por la morosidad en sus créditos y han perdido seguros de salud que eran descontados, y no eran pagados.
María González (nombre falso, ya que pidió resguardo de su identidad) estaba muy ilusionada cuando se dictó la ley del Primer Retiro de Fondos Previsionales. Ella, con ese dinero, quería ayudar a sus padres y hacer unos arreglos en su casa. No obstante, esa alegría le duró poco, como a muchos de los trabajadores de la educación municipal de La Serena, no tenía ni un peso en su cuenta porque su empleador le había declarado 48 meses de cotizaciones, pero no se las había cancelado.
Lamentablemente, lo que le ocurre a María es una problemática que le afecta a profesores, auxiliares, personal no docente que están bajo la tutela de la educación municipal de La Serena, que en el caso de esta comuna está al alero de una Corporación privada, cuyo radio de acción no puede ser fiscalizado por la Contraloría General de la República. Además, las cotizaciones al estar declaradas, la jurisdicción y responsabilidad de la cobranza pasan a ser de exclusiva responsabilidad de las AFPs, quienes parece que no han tenido mucho éxito en esta misión.
Los profesores reconocen que esta problemática se arrastra desde hace varios alcaldes atrás, pero es en el período de Roberto Jacob es donde la deuda se ha acrecentado. En este sentido, el dirigente del colegio Jorge Alessandri, Danilo Hidalgo, nos cuenta que existen docentes con vacíos escandalosos, “tenemos el caso de deudas de 70 cotizaciones, y en especial las afectadas son las Educadoras Diferenciales. En mi colegio, el promedio de deuda es de 10 a 12 cotizaciones impagas, de diferentes años. A mí, por ejemplo, no me han pagado 2 meses del 2019 y 6 del 2020”.
Agrega que han tratado de acercarse al alcalde Roberto Jacob para llegar a una solución, pero no los ha recibido. “Durante el verano fuimos a su oficina para que nos explique qué está pasando y haga un compromiso, pero el día que fuimos al municipio estaba en una actividad, o simplemente no nos quiso recibir. Lamentablemente se nos dijo que nos llamarían de vuelta, y todavía estamos esperando, desde enero de este año”.
Sobre el compromiso de pago que se adquirió en diciembre del 2020, el panorama, hasta el momento seguiría igual, nos relata Hidalgo.
Situación Reiterativa
Francisco (cuya entrevista está en vídeo en este reportaje), es delegado del Colegio de Profesores en el establecimiento Jorge Alessandri. Explica que la mayor parte de los trabajadores de la educación están afectados. “A los profesores más antiguos les deben más. Entre 20 y 36 cotizaciones. Pero a las Educadoras Diferenciales tienen vacíos que son de casi 7años”.
“Es una rabia e impotencia de cómo deben tanto. No sabemos qué hacen con nuestro dinero, porque esos fondos nos pertenecen, es dinero que ganamos con nuestro trabajo y esfuerzo. Es plata que nos descuentan. Tampoco nos están cancelando salud, y es inaudito, por decir algo suave”, añade Francisco.
El otro problema son los préstamos, más específicamente de Caja Los Andes y Copeuch. “También nos hacen los descuentos para las cuotas de los créditos y están morosos. Me llaman todos los días de la Caja. El tema de cobranza es brutal, y lo más inaudito es que el dinero lo descuentan de nuestros sueldos”.
Finaliza su testimonio destacando que nunca les han dado alguna explicación razonable sobre por qué no cancelan las cotizaciones o cuándo cumplirán los supuestos compromisos de pago.
Los jubilados también sufren consecuencias
Los profesores jubilados también la están pasando mal con este tema de los vacíos previsionales, ya que cuando fueron hacer el trámite de sus liquidaciones se encontraron con la gran sorpresa. Una de ellas fue Alicia Galleguillos, ex directora del Colegio de Altovalsol, quien dejo de trabajar durante el 2014. “Fui nombrada por Raúl Saldívar en mi cargo, previo concurso por Alta Dirección Pública, después cuando asumió Jacob, se nos pidió la renuncia y abandono de funciones ya que quería ubicar a la gente de su confianza en nuestros puestos”, acotó.
La docente explica que “fui presencialmente, a la AFP Cuprum y allí se me dio a conocer que tenía vacíos en mis cotizaciones, lo cual, me perjudico, el monto de la pensión a recibir para mi jubilación, la Corporación Municipal, con diferentes alcaldes, declaraban las imposiciones, pero no las cancelaban”.
Añade que “me dirigí a la Inspección del Trabajo y allí se me informó que el pago estaba prescrito después de 5 años. Me dijeron que iban a estudiar mi caso, pero nunca se me dio una respuesta, un funcionario de la Corporación, me comentó que no me preocupara porque el encontraría la solución. Hasta hoy la salida no me ha llegado, y todos se pasan la pelota”.
“Esta es mi triste experiencia, mi jubilación bajó casi en 100 mil pesos, me despidieron de un día para otro porque no era del partido del alcalde, y me engañaron, ya que si no voy a preguntar a la AFP en la Corporación se quedan callados. Esto derechamente es un delito, ya que se están quedando con dinero que es de nosotros, y nos corresponde por nuestro trabajo, que hemos realizado con tanta vocación y sacrificio”, concluyó la docente.
Implicancias Judiciales
Jaime Jaramillo Chahuán, abogado Laboralista de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de Defensoría Judicial Chile, nos explica lo siguiente respecto al marco jurídico que se debería dar en esta situación:
¿Jurídicamente, cuáles son las infracciones laborales que se han cometido a través de esta deuda?
El incumplimiento por parte de cualquier empleador de sus obligaciones previsionales es grave. La ley establece duras sanciones para sus infractores.
En primer lugar, el empleador debe pagar las cotizaciones previsionales atrasadas, con reajustes, intereses y multas, debiendo desembolsar el empleador, a veces, grandes sumas de dinero. Entre mayor sea el tiempo transcurrido desde el incumplimiento, mayor será el monto que tendrá que pagar. Recordemos que, en el caso de las cotizaciones de AFP, el empleador debe pagar la rentabilidad que el trabajador ha perdido durante todo el tiempo en que el empleador no ha pagado sus cotizaciones.
En segundo lugar, es posible presentar una querella por el delito de apropiación indebida de cotizaciones previsionales, pudiendo aplicarse penas de hasta 5 años, además de multas a quienes resulten responsables.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que la Corporación Gabriel González Videla tiene dentro de su directiva y como presidente al Sr. alcalde, de modo que, un tribunal de justicia pude siempre ordenarle el pago de las cotizaciones adeudadas. En caso de incumplimiento a tal orden, pueden decretarse multas y arrestos en su contra.
¿Prescriben las deudas previsionales?
Si, las deudas previsionales prescriben, al igual como lo hacen las multas, reajustes e intereses. Pero, este plazo es de 5 años después de terminada la relación laboral, según establece el artículo 31 bis de la Ley 17.322.
¿Por qué hasta ahora la Inspección del Trabajo no ha sancionado a la Corporación, cuáles son sus facultades jurídicas?
La Inspección del Trabajo tiene las facultades jurídicas para fiscalizar y sancionar mediante la imposición de multas a la Corporación, pues esta es una persona jurídica de derecho privado. Sus trabajadores se rigen por el Código del Trabajo. En especial, los profesores de dichas corporaciones, si bien se rigen por el Estatuto Docente contenido en la ley 19.070, supletoriamente se rigen por el Código del Trabajo. Esto ha sido reconocido por la propia Dirección del Trabajo, en diferentes dictámenes.
¿Qué pasa con los juicios de cobranza de las AFps?
Estas instituciones no solo están facultadas para presentar juicios en contra de los deudores de cotizaciones previsionales, sino que además están obligadas a ello, en caso de que algún cotizante interponga un reclamo.
Así, ellas pueden iniciar un juicio en contra del deudor, como es en este caso la Corporación, y solicitar embargos de dineros, bienes o incluso medidas como multas y arrestos para lograr el pago de las deudas.
¿Cuál es el camino legal que le queda a los profesores y no docentes de la CGGV?
Los profesores afectados, pueden realizar una denuncia ante la Inspección del Trabajo respectiva, por no pago de cotizaciones, a efectos de que dicha institución fiscalice e imponga las multas respectivas. La Inspección no puede obligar a la Corporación a pagar lo adeudado, pero es una manera de ejercer presión en su contra, por las multas a las cuales se arriesga.
Igualmente, los profesores pueden, individualmente presentar un reclamo antes los tribunales de justicia para que las instituciones de previsión o seguridad social inicien acciones legales de cobro en contra de la Corporación. Para ello, no es necesario un abogado y basta con una presentación efectuada ante el tribunal laboral o de cobranza respectivo. Si la institución no inicia las gestiones necesarias dentro de 30 días para iniciar el cobro, entonces es ella misma la que tiene que pagar las cotizaciones adeudadas.
También pueden los profesores, deducir una demanda directamente en contra de la Corporación buscando el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas. Para este camino sí necesitan de un abogado.
Finalmente, debo recordar que los profesores pueden eventualmente auto despedirse por haber incumplido la Corporación con sus obligaciones laborales al no pagarles sus cotizaciones. En este caso puede demandar las indemnizaciones por años de servicio, la sustitutiva del aviso previo, recargos legales, además de la nulidad del despido (Ley Bustos).
