- El superintendente Cristián O’Ryan destacó que con esta medida “se busca dar tranquilidad tanto a los padres y apoderados como a los establecimientos, en que el retorno a clases de los estudiantes permita desarrollarse en ambientes de seguridad, evitando contagios de coronavirus, para proteger la integridad física y psicológica de todos los miembros de la comunidad educativa”.
Para enfrentar la crisis sanitaria producto del Covid-19 y resguardar la seguridad y salud de las comunidades educativas en el retorno a clases, la Superintendencia de Educación informó a través del Dictamen N° 54, sobre la flexibilización del uso de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), de manera excepcional durante el año 2020, para que los establecimientos educacionales implementen medidas que permitan prevenir la propagación del virus en el contexto escolar, asegurando ambientes adecuados y propicios para cumplir con los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El documento establece que los recursos de la subvención SEP podrán utilizarse “en la contratación de servicios, en la adquisición o modificación de infraestructura y/o de equipamiento necesario para mejorar o complementar sus planes de sanitización, de prevención de contagios y de ventilación o purificación de aire, especialmente relevantes, en el contexto de la crisis de salud pública derivada del Covid-19”.
El seremi de Educación, Claudio Oyarzún, indicó que “para el Gobierno la seguridad sanitaria es fundamental para la vuelta gradual a clases presenciales, es por eso, que la Superintendencia de Educación flexibilizó el uso de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), para que los sostenedores de los establecimientos educacionales puedan implementar estrategias de seguridad sanitaria, con el objetivo de asegurar espacios y ambientes adecuados y propicios para cumplir con los procesos de aprendizaje”.
Por su parte, el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, señaló que con esta medida “se busca dar tranquilidad tanto a los padres y apoderados como a los establecimientos, en que el retorno a clases de los estudiantes permita desarrollarse en ambientes de seguridad, evitando contagios de coronavirus, para proteger la integridad física y psicológica de todos los miembros de la comunidad educativa. Como es un año distinto producto de la pandemia mundial, estamos haciendo un gran esfuerzo como Estado para lograr en conjunto superar esta emergencia de la mejor manera posible y que los niños y jóvenes puedan avanzar de manera adecuada en su aprendizaje”.
Por consiguiente, el dictamen señala que podrán financiarse con cargo a esta subvención, a modo de ejemplo, “aquellos productos desinfectantes, de protección personal y artículos de limpieza en general, necesarios para complementar los sistemas de limpieza o desinfección de los establecimientos; servicios especializados de sanitización; adquisición o modificaciones de infraestructura, para asegurar la separación de estudiantes y/o personal con síntomas de Covid-19; instalación de sistemas complementarios de ventilación y/o de purificación de aire; y en general, todas aquellas medidas que les permitan cumplir con las instrucciones y protocolos que al efecto imponga la autoridad sanitaria para mejorar las condiciones de seguridad sanitaria y ventilación en los establecimientos educacionales, en el contexto que impone la emergencia sanitaria”.
En esa línea, el director regional de la Superintendencia de Educación, Julián González, sostuvo que “la flexibilización de estos recursos debe ejecutarse dentro de las acciones contenidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), por tanto, el Ministerio de Educación elaboró orientaciones para apoyar a los establecimientos en el cumplimiento de la normativa educacional, el contexto del Covid-19”. Es importante destacar que la SEP es una subvención de carácter especial, destinada al mejoramiento de la calidad de la educación, con especial énfasis en alumnos prioritarios y preferentes que estén cursando los niveles de transición, de educación parvularia, básica y media, que busca asegurar las condiciones necesarias de seguridad en el ámbito sanitario e infraestructura, para favorecer la asistencia y permanencia de los niños y niñas y garantizar el derecho acceder a una educación de calidad.
