En la actividad todos coincidieron que de llegar a concretarse las medidas sería un grave retroceso para la débil institucionalidad que impera en Chile.
En julio de este año la Presidencia de Chile ingresó, al Congreso, un proyecto ley con una serie de modificaciones al Sistema de Estudio de Impacto Ambiental. El ejecutivo sostiene querer “modernizar, fortalecer y perfeccionar el SEIA”, “reduciendo” el componente político en las decisiones, “ampliando” la participación ciudadana y asegurando un “mayor” acceso a la justicia ambiental. ¡Nada más lejos de la realidad!
Según lo han demostrado distintos expertos, la materialización de las modificaciones se contradice con los objetivos planteados: por ejemplo, la introducción de la participación anticipada en los estudios de impacto ambiental generaría un documento que debiera ser visado por el tribunal ambiental (TA) correspondiente y luego incorporado al proceso de evaluación, una vez que el titular ingrese el estudio al sistema. Como las reclamaciones se presentarían directamente al TA, éste sería juez y parte.
Por otro lado, se reduciría el plazo de la participación de 60 a 30 días. Para tecnificar, proponen ¡eliminar las comisiones de evaluación regional y concentrar la evaluación en 3 macrozonas! ¿Dónde dejan la regionalización? ¿Quién mejor que la propia región para saber qué proyectos son viables y cuáles no? Los tomadores de decisión siguen siendo nominados por el gobierno de turno.
Las organizaciones ambientales están bastante alertadas y no se dejarán engañar por un doble discurso;juristas y expertos en la materia sostienen que la propuesta no solo da luz verde a la manipulación de las organizaciones locales sino que debilita aún más el ordenamiento jurídico en la materia.
Por esta causa, la Federación de Pescadores de La Higuera, la ONG Sphenisco, Modema y Defensa Ambiental Región de Coquimbo organizaron el Seminario “Alcances del Proyecto de Modificación al Sistema de Estudio de Impacto Ambiental”. En la ocasión Francisco Cabrera, de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente, Fenatrama, Patricia Araya, abogada de la Universidad de Chile y asesora de la ONG Fima y, Nancy Duman, representante de Sphenisco explicaron las implicancias que llevaría concretar la iniciativa gubernamental.
Ciudadanía
José Ramos, de la Cooperativa Pesquera de Los Choros, se mostró muy preocupado por el escenario. “Valoramos que se generen demandas de discusión como estas. Pero, la verdad es que el 40% de la costa chilena se encuentra con graves grados de contaminación. Sí el SEIA no funciona, o no da garantías, nuestros recursos van a ir disminuyendo aún más. Consideramos que este gobierno tiene como propósito explotar los último que queda y favorecer a unos pocos”, explica el dirigente.
Por su parte Boris Muñoz, abogado de Elqui Sin Mineras, sostiene que “me parece muy interesante que podamos compartir las personas y organizaciones que estamos trabajando por el cuidado del Medio Ambiente. Sobre todo, que en este seminario se ha abierto la oportunidad de hablar acerca de modificaciones legales que pueden decidir el futuro de nuestro país”.
Autoridades
Las modificaciones al SEIA han sido ingresadas, por el momento, solamente a la Cámara de Diputados y en un primer trámite debería ser discutido por la Comisión de Medio Ambiente. De esta manera, la senadora Adriana Muñoz se mostró muy alertada. “Estaríamos perdiendo lo poco que hemos avanzado. El Gobierno está restringiendo las potestades de la ciudadanía y cercenando facultades judiciales. En fin, se trata de allanar y darle carta blanca a grandes iniciativas productivas que se instalarían con mayor facilidad en cualquier territorio, con la consiguiente consecuencia de generar nuevas zonas de sacrificio”.
Cristian Carriel, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional Coquimbo, agrega que “tenemos que escuchar a todas las voces y ver cómo seguir creciendo. La preocupación por parte de la ciudadanía de los procesos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es legítima y nosotros como Cores debemos velar por la correcta institucionalidad. La brecha es tal que la institucionalidad es demasiado débil y por ello hay que seguir fortaleciendo lo que se tiene”.
Por último, la Coordinadora Territorial del diputado Juan Manuel Fuenzalida, Adriana Serrano, destaca que los temas que se trataron en el seminario competen a toda la comunidad. “Hay que crear conciencia desde todas las instancias y está muy bien que se discuta los alcances de la legislación”
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS
De llegarse a aprobar las modificaciones realizadas por el gobierno al SEIA ocurriría lo siguiente:
- Crea tres macrozonas, tres comisiones de evaluación macrozonales, eliminando las decisiones regionales
- Elimina invalidación administrativa general que permite actualmente invalidar el acto administrativo dentro de 2 años después de su notificación o publicación, artículo 53 de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos. Eliminando consecuencialmente la facultad del Tribunal de conocer las reclamaciones contra estas resoluciones.
- Crea reclamo de ilegalidad judicial ante el Tribunal Ambiental, con 30 días de plazo. Con esto reduce el plazo general.
- Revisión de RCA solo podrá ser solicitada por el titular y la SMA, no por los afectados.
- La evaluación final seguiría siendo política en desmedro de la evaluación técnico-ambiental.
- Seguirían ingresando al sistema proyectos deficientes que no se condicen con el principio “preventivo” en que se fundamenta la Ley de Bases generales del Medio Ambiente.
