Junto a Juan Luis Castro (PS), los parlamentarios explicaron que, en caso de que la mujer lo decida, la apoyarán en la gestión de acudir a la Corte Interamericana, tras la rebaja de la pena para su agresor, Mauricio Ortega.
Los diputados Miguel Ángel Alvarado (PPD) y Juan Luis Castro (PS) informaron este miércoles que solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que se invite a Nabila Rifo, tras la decisión de la Corte Suprema de rebajar la condena a su agresor de 26 a 18 años, debido a la supuesta inexistencia del delito de femicidio frustrado.
“Pensamos que aquí hay un bien superior, que es la Justicia. Como parlamentarios respetamos a los otros poderes del Estado, pero no podemos dar una mala señal”, comentó Alvarado, agregando que “la Justicia debe ser evolutiva y ponerse a disposición de los tiempos actuales. Nos parece impresentable que se dañe la sensibilidad de todos los chilenos al haberse rebajado esta condena de un crimen tan atroz como el que ella sufrió”.
En tanto, el diputado Juan Luis Castro (PS) detalló que “hemos pedido al presidente de la Comisión, el diputado Sergio Ojeda (DC), y él ha accedido a que se adopte un acuerdo para invitar a Nabila y sus abogados. Así, sí lo tiene a bien la propia afectada, estamos en disposición de llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
“Independiente de que la gente entienda de leyes o no, dejar esto en un grado de impunidad significa dejar expuestas a las mujeres chilenas a que cualquier abuso pase de una retórica muy proteccionista a una impunidad solapada, como hoy estamos contemplando y que ocurre a partir de fallos incomprensibles como el de ayer”, explicó Castro.
Mientras, Miguel Alvarado finalizó diciendo que “esperamos que Nabila Rifo haga valer sus derechos, ya que Chile ha suscrito tratados internacionales, los que están disponibles para sanciones tan dantescas como la que aquí ha ocurrido. Por ejemplo, hace unos años la jueza Karen Atala sufrió discriminación de sus derechos y acudió a los tribunales internacionales. Esto fue acogido y el Estado chileno tuvo que hacerse responsable de esto”.